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140 familias inician los trámites para adquirir la propiedad de la vivienda social donde viven

140 familias inician los trámites para adquirir la propiedad de la vivienda social donde viven

 

Ya están formalizadas las escrituras de 11 hogares sociales de Abarán, Alhama de Murcia, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Ceutí, Fortuna, La Unión y Santomera

Un total de 140 familias ya han iniciado los trámites para adquirir la propiedad de la vivienda social en régimen de alquiler en la que han vivido en los últimos años. Se trata de una medida impulsada por el Gobierno regional destinada a que las familias puedan ser titulares de pleno derecho de su hogar y dedicar el dinero de la renta del alquiler a otras necesidades básicas y gastos surgidos como consecuencia de la crisis.

 

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, presidió hoy la entrega de las primeras escrituras a 11 familias que a partir de hoy pasan a ser propietarios de sus viviendas, “tras muchos años de sacrificio para pagar los recibos mensuales de alquiler, las familias adquieren la titularidad de sus hogares y garantizan así su permanencia en los mismos, e inician un camino hacia la prosperidad”.

 

Díez de Revenga destacó esta medida en las políticas del Ejecutivo regional para “garantizar un hogar a todas y cada una de las familias de la Región de Murcia”. Consideró oportuno, “en estos tiempos de coronavirus, cimentar los proyectos de vida para que las familias puedan salir de la vulnerabilidad y puedan tener su vivienda”.

 

“Se trata de un día importante para estas familias afincadas en Abarán, Alhama de Murcia, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Ceutí Fortuna, La Unión y Santomera”, manifestó el consejero, quien recordó la importancia que ha recobrado la vivienda en esta crisis desatada por la pandemia.

 

Los beneficiarios son aquellas familias que llevan pagando el alquiler de viviendas sociales del parque regional durante más de 25 años. Además, se reduce ese límite a 10 años para víctimas de violencia doméstica, víctimas del terrorismo, parados de larga duración de más de 50 años, familias numerosas, monoparentales, o con alguna persona con discapacidad. La Comunidad calcula que esta medida podrá beneficiar a unas 650 familias.

 

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