Daphne, ha registrado esta mañana una denuncia por expolio de los Bienes de Interés Cultural, Villa Calamari y la Casa del Tío Lobo.

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La asociación de Defensa del Patrimonio Daphne, ha registrado esta mañana una denuncia por expolio de los Bienes de Interés Cultural, Villa Calamari y la Casa del Tío Lobo.

Este escrito dirigido a la Subdirección General de Protección del Patrimonio del Ministerio de Cultura se basa en la denegación por silencio administrativo del recurso de alzada presentado por esta asociación en marzo de 2017.

 

Consideramos que el organismo competente incumple la jurisprudencia del fundamento 14 de la sentencia del Tribunal Constitucional 122/2014 de 17 julio al escudarse bajo un mínimo plan de mantenimiento de Villa Calamari, siquiera contemplado para la Casa del Tío Lobo,  e impedir “sine die” la visita pública a ambos inmuebles protegidos y víctimas del expolio desde su incoación, momento desde el cual la ley determina su protección.

La excusa de la crisis económica y de la falta de un reglamento de la Ley 4/2007 de 16 de marzo no resultan, para esta asociación, razones de peso para continuar privando a los mismos del cumplimiento de su función social determinados en el artículo 46 de la Constitución Española y, desde julio de 2014, actuación considerada anticonstitucional por el alto tribunal.

 

La crisis económica , una de las excusas del organismo competente que le impide expropiar ambos bienes protegidos o ejecutar unas obras subsidiariamente, no le ha causado  ningún problema económico  cara a pujar al alza con dinero público contra el Ayuntamiento de Cartagena en la adquisición del Cine Central. Inmueble, cuya restauración, correrá a cargo de los presupuestos regionales a pesar de la crisis.

 

Villa Calamari y la Casa del Tío Lobo siguen cerrados a la visita pública, por decisión del organismo autonómico, que utiliza también argumentos basados en una circular del Ministerio de Cultura tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 30 de enero. Dicha sentencia convirtió las competencias exclusivas del estado español  del artículo 149.1.28  en un concepto de difícil aplicación  al considerar que la perturbación de la labor social que tienen los bienes de interés cultural debía entenderse tras la aplicación del mismo a cada caso concreto. Dicha concreción viene, según interpreta nuestra asociación, de la mano del fundamento jurídico 14 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 122/2014 que estima que privar a los ciudadanos de un régimen de visitas inferior a los cuatro días que establece la legislación de patrimonio perturba su labor social, obstaculiza la defensa contra la expoliación del estado español e invade su competencia exclusiva.

El incumplimiento de la legislación de patrimonio en cuanto a la obligación de conservación del mismo por parte del propietario es evidente y la inactividad a la que nos tiene acostumbrados la Dirección Gëneral también. El término municipal de Cartagena es víctima del expolio en su casco histórico-artístico, en sus baterías de costa, torres de defensa, molinos de viento, castillos, en su Catedral, etc.

Desde Daphne haremos llegar este escrito de denuncia a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, al Defensor del Pueblo y a la Asamblea legislativa regional  para que nadie pueda decir algún día que desconocía lo que estaba ocurriendo.

A pesar del hecho de que la ley de patrimonio regional carece de un reglamento que concrete la aplicación de algunos de sus artículos dejándolos al arbitrio de la administración competente no encontramos justificación alguna en la legislación de patrimonio que pueda sostener el hecho del  expolio continuado del patrimonio del municipio de Cartagena.

Escrito de denuncia

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