La Guardia Civil investiga a cuatro personas por supuestos delitos contra la salud pública

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Irregularidades en la comercialización de atún  

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por supuestos delitos contra la salud pública

Una alerta alimentaria europea motivó que el SEPRONA, en colaboración con el Servicio de Seguridad Alimentaria y de Zoonosis de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, inspeccionase numerosas empresas dedicadas a la elaboración y comercialización de atún

Una de las tres empresas murcianas investigadas se encuentra presuntamente relacionada con la intoxicación alimentaria de dos personas en Italia

La manipulación de atún destinado a conserva, tratado con aditivos para ser vendido como pescado fresco, puede ocasionar intoxicación alimentaria

Murcia, 14 de junio de 2018. La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con el Servicio de Seguridad Alimentaria y de Zoonosis de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha desarrollado una investigación relacionada con una intoxicación alimentaria de varios ciudadanos italianos por la ingesta de atún, que se ha saldado con cuatro personas investigadas como presuntas autoras de los delitos contra la salud de las personas y relativos al mercado y a los consumidores.

La operación ‘ATHY II’ se inició en octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil recibió una alerta alimentaria, en el marco de la Red Europea de Fraude Alimentario en la cual, la Comisión Europea comunicaba una intoxicación alimentaria de dos ciudadanos italianos después de haber consumido atún con altos niveles de histaminas.

El examen de la trazabilidad de los productos que causaron la intoxicación determinó que dos de los lotes procedían de una empresa con sede en la Región.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en colaboración con Servicio de Seguridad Alimentaria y de Zoonosis de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, iniciaron una serie de inspecciones de empresas dedicadas al sector.

Estas inspecciones permitieron identificar la mercantil de la que, al parecer, procedían los dos lotes de productos que ocasionaron la alerta alimentaria. Supuestamente habrían vendido, como atún para consumo en fresco, otro que, exclusivamente, debía ir destinado a su manufactura en conserva.

Venta irregular de productos frescos

Una segunda mercantil, igualmente estudiada, habría desviado más de 150 toneladas de atún destinado a la elaboración de conserva para su venta como producto fresco.

El fraude se centra en un pescado cada vez más demandado para la elaboración de sushi y otros platos, que se vendería en pescaderías o envasado en supermercados a precios más económicos que el habitual del atún rojo (Thunnus thynnus).

El pescado se congela nada más ser capturado y, según la normativa europea, debe conservarse a 18 grados bajo cero hasta que se descongela para su venta al público. En cambio, los ejemplares que se congelan en salmuera, a nueve grados bajo cero, solo pueden ir destinados a conserva.

El fraude detectado consistiría en vender, como fresco, atún que solo se puede destinar a su enlatado y que, además, ha sido tratado con aditivos ilegales para cambiar su aspecto, lo que supone un engaño al consumidor.

La Comisión Europea calcula que esta argucia afectaría, anualmente,a unas 25.000 toneladas de atún y supondría unos beneficios de 200 millones de euros.

Aditivos ilegales en otra empresa

Fruto de las actuaciones llevadas a cabo, la Guardia Civil ha localizado, en otra de las empresas investigadas, aditivos ilegales a base de extractos vegetales, de los empleados para reactivar el color rojo intenso de los lomos de atún, mediante inyecciones.

Al parecer, con esta técnica, podrían haberse llegado a poner en el mercado más de 10 toneladas de atún.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha advertido, mediante Nota Interpretativa, que “la utilización de extractos vegetales en pescado y productos de la pesca sin elaborar no está autorizada por la legislación vigente”.

El vigente Código Penal, en su artículo 363, establece que serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición.

La operación ‘ATHY II’ ha culminado con la instrucción de diligencias y la investigación de cuatro personas, a las que se les atribuye la presunta autoría de los delitos contra la salud de las personas y relativos al mercado y a los consumidores.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena.

Hay imágenes a disposición de los medios en el siguiente enlace web:

www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2018/index.html

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