Economia

CONSUMUR muestra su apoyo a las reivindicaciones que la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia hace a la Consejería de Educación sobre el “pin parental”

CONSUMUR muestra su apoyo a las reivindicaciones que la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia hace a la Consejería de Educación sobre el “pin parental”
 
La organización lamenta que esta medida haya sido un condicionante político para la aprobación de los presupuestos, sin tener en cuenta el derecho a la educación
 
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, tras tener conocimiento de las reivindicaciones que desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de la Región de Murcia se llevan haciendo contra la Consejería de Educación de la Región de Murcia, emprendiendo incluso la vía judicial, por la aprobación de la implantación de lo que se conoce como “pin parental”, consistente en la autorización expresa de los padres del alumnado para la realización de las actividades complementarias en los centros educativos, muestra su apoyo al sindicato, entendiendo que la puesta en marcha de esta medida vulnera la normativa educativa vigente.

 

Ya el pasado año, el sindicato presentó un recurso de alzada contra esta medida, que fue desestimado. La implantación final de la misma supone una situación de indefensión jurídica en los centros educativos porque contraviene lo estipulado en los decretos curriculares que establecen los contenidos que se dan en clase, que son una figura jurídica superior a una resolución, como así ha manifestado el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia, José Ignacio Tornel Aguilar.

 

CONSUMUR lamenta que la implantación del “pin parental” haya sido un condicionante político para la aprobación de los presupuestos generales y que no se tenga en cuenta el derecho a la educación.

 

Éste es precisamente el argumento que ha motivado, por parte del gobierno nacional, a recurrir esta medida ante los tribunales, como así lo ha anunciado el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez- Castejón, y la Ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá Diéguez, que considera, además, que esta medida vulnera la competencia que tienen atribuida los centros para tomar decisiones curriculares.

 

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