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El CERMI Región de Murcia solicita un fondo COVID de 2,5 millones de euros para hacer frente al gasto de las medidas sanitarias

El CERMI Región de Murcia solicita un fondo COVID de 2,5 millones de euros para hacer frente al gasto de las medidas sanitarias

  • Pedro Martínez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Región de Murcia, también ha pedido la puesta en marcha del Decreto de Atención Temprana para que la gratuidad y la universalidad sean una realidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en la Región de Murcia ha inaugurado hoy la ronda de comparecencias que realizarán las entidades de la discapacidad en la Comisión Especial de Discapacidad de la Asamblea Regional.

 

Pedro Martínez, presidente del CERMI en la Región, ha trasladado a los distintos grupos políticos las necesidades y propuestas de las entidades que representan a los más de 150.000 murcianos que tienen una discapacidad en la Región.

 

Entre otras medidas, Martínez ha solicitado un fondo COVID de 2,5 millones de euros para las residencias, centros de día y los servicios de promoción de autonomía para personas con enfermedad mental (SEPAP) con el propósito de hacer frente al gasto ocasionado por la puesta en marcha de medidas sanitarias con el fin de garantizar la salud de usuarios, familias y trabajadores, medidas como el incremento de la limpieza, EPIS, mascarillas, pantallas, reformas de distribución de los centros así como la adquisición de equipos informáticos para que la atención telemática se pueda realizar sin problemas para los usuarios.

 

También ha pedido la puesta en marcha del Decreto de Atención Temprana para que la gratuidad y la universalidad sean una realidad lo antes posible, pues las familias están esperándolo desde hace más de 5 años, ya que actualmente está basado en un sistema de subvenciones que llevan consigo un copago por parte de las familias de los usuarios.

 

En otro orden también ha solicitado la publicación de los reglamentos que desarrollen la Ley Regional de Accesibilidad que lleva promulgada desde el 2017 y que deben de garantizar la Accesibilidad a todos los servicios de salud, vivienda, educación, así como las reservas de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción por parte de las administraciones públicas, tal y como recoge la Ley de Contratos del Estado de 2017.

 

La ampliación del dinero de bolsillo para los usuarios de residencias que actualmente tienen asignados solamente unos 120 euros mensuales, la incorporación del CERMI al consejo escolar de la Región o la plena accesibilidad para acceder a actividades culturales y deportivas por parte de las personas con discapacidad han sido otros temas tratados en la intervención. 

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