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Unidas Podemos IU Equo presenta una moción para el próximo Pleno denunciando las presuntas irregularidades en el servicio de limpieza y basuras

DENUNCIAN QUE LAS IRREGULARIDADES DE LA LIMPIEZA Y LA BASURA SON MUCHAS MÁS QUE LAS QUE RECONOCE EL GOBIERNO

 

 

Luego de haber consultado todos los informes técnicos que obran en el expediente de FCC LHICARSA, desde Unidas Podemos advierten que se trata de un “caso gravísimo en el que se debe ir hasta el final”, que solo en tasas no abonadas “habría más de 2 millones de euros” y que a las denuncias recientes de los técnicos hay que añadir todas las irregularidades previas a 2015.

 

Tras confirmar que estamos ante al menos 5 grandes presuntas irregularidades con el mismo modus operandi, algunas de las cuales serían constitutivas de delitos, piden al Gobierno Local que despliegue “todos los medios técnicos y materiales de los que dispone en defensa del interés general”, desde “sanciones por el uso indebido de medios y personal del Ayuntamiento, pasando por reclamaciones de las tasas y compensaciones económicas varias hasta la mismísima denuncia en los juzgados”.

 

Critican que el Gobierno se ha limitado a informar del escándalo del Polígono Santa Ana cuando en el expediente hay “casos tanto o más graves, como el “presunto uso indebido de medios humanos y materiales por parte de FCC en contratos y trabajos para otras empresas, contratos “ocultos y no permitidos” sobre la recolección del vidrio, “trampas varias” con la gestión de residuos de parques y jardines, transferencias económicas que no se han hecho procedentes de la venta de energía eléctrica, suplantación de la identidad de LHICARSA y un “sinnúmero de actuaciones sistemáticas que la empresa habría estado haciendo a costa del Ayuntamiento y en beneficio propio”.

 

Cartagena, 25 de julio de 2020

 

Unidas Podemos ha advertido “que las presuntas irregularidades” sobre FCC – LHICARSA y el contrato de limpieza y recogida de residuos “son mucho más graves, numerosas y sangrantes que lo que el Gobierno ha reconocido en los medios”; así lo ha confirmado Leli García, concejal del grupo municipal, tras el análisis que su grupo ha hecho de los “más de 170 documentos, entre informes, denuncias y partes técnicos, que componen el expediente de contradicción abierto a la concesionaria”.

 

García ha continuado explicando que “tras le lectura de la documentación está claro que el caso del Polígono Santa Ana es solo la punta del iceberg y que, dejando de lado el arrendamiento del vertedero, estaríamos ante 5 grandes prácticas irregulares, una más grave que la otra, razón por la cual son motivo de informes diferentes”. La edil ha desglosado el contenido de la documentación elaborada por los técnicos municipales, que ha resumido del siguiente modo 1) La irregularidad relativa a la recogida selectiva del vidrio y al contrato que LHICARSA mantiene con Camacho Recycling; 2) otra respecto a tasas no abonadas y al uso indebido de camiones recolectores del Ayuntamiento para contratos y fines privados de FCC; 3) la que refiere a la gestión irregular de los residuos de poda provenientes del contrato de Parques y Jardines que FCC mantenía con el Ayuntamiento; 4) La de las tasas no abonadas por FCC de los residuos provenientes del Polígono Santa Ana, valiéndose para ello de medios humanos y materiales del Ayuntamiento. 5) Los ingresos económicos no percibidos por el Ayuntamiento respecto de la venta de electricidad producida por la planta de Biogás de El Gorguel en el período 2012-2020.

 

En este sentido, García ha vuelto a agradecer el “riguroso, profesional y valiente trabajo de los técnicos municipales, que con poco apoyo, medios escasísimos pero con gran vocación de servicio, han destapado el escándalo de presunta corrupción más importante de la última década junto al del agua, que afecta al contrato que más millones se lleva del Ayuntamiento y que tiene que terminar necesariamente con mucho dinero recuperado para las arcas públicas, sanciones ejemplares, una más que segura rescisión de contrato e incluso con la investigación sobre delitos fiscales y de otro tipo en los juzgados.”

 

Desde el grupo municipal, a modo de ejemplo y para subrayar la gravedad de las denuncias de los técnicos , han indicado que “sólo en tasas no abonadas estaríamos hablando de más de 2 millones de euros, lo que supondría delitos fiscales. Ese dinero hay que recuperarlo cuanto antes, pues pertenece al pueblo de Cartagena”. Además García ha explicado que los técnicos han descubierto otras posibles irregularidades “igualmente graves”, entre las que destacan “el uso indebido de trabajadores y maquinaria del Ayuntamiento por parte de FCC y para beneficio propio, la suplantación de identidad, la posible apropiación de vehículos y vehículos, contratos firmados a espaldas del Ayuntamiento, obstrucción a la fiscalización, despiece no autorizado de vehículos, trabajo realizado en otros Ayuntamientos y para otras empresas pero con medios y personal de LHICARSA, etc., etc.”

 

Desde la coalición han recordado, asimismo, que estas denuncias “ni son casuales ni salen de la nada, pues durante toda la legislatura pasada supimos de este tipo de prácticas… unas prácticas que explican que Cartagena esté a la cabeza de los Ayuntamientos que más pagan por la basura en España, que el vertedero se haya colmatado antes de tiempo y tenga los suelos contaminados, que el servicio dé déficit año tras año, o que las calles estén sucias de manera permanente y cada dos por tres se anuncien planes de choque. Aquí el problema es que FCC ha hecho siempre lo que ha querido y no se la controlaba, lo grave es que resulta tristemente cierto su lema publicitario: “Cartagena eres nuestra”.

 

Finalmente, y “para que se amplíe la investigación, no queden flecos pendientes, se haga justicia y se vaya hasta el final sin medias tintas ni acuerdos en los despachos”, desde el grupo municipal han anunciado la presentación de una moción en el Pleno, una iniciativa que contiene los siguientes puntos:

 

  1. Que se reclame a FCC el IMPORTE TOTAL del dinero de las tasas no abonadas por todos los conceptos más los intereses y recargos correspondientes, y que dicho trámite se formalice cuanto antes, a fin de que no prescriba el plazo de cuatro años que existe para reclamarlo.

 

  1. Que se haga extensiva la investigación al período anterior a enero de 2015 respecto de la recogida, gestión y tratamiento de los residuos provenientes de la Entidad de Conservación del Polígono Residencial Santa Ana, por si las irregularidades denunciadas por los técnicos así como las tasas de basura no abonadas al Ayuntamiento fueran una práctica previa a la fecha referida.

 

  1. Que se inste al Gobierno a seguir el criterio expresado por los técnicos, valorando si procede llevar a cabo la revisión de los ingresos que LHICARSA ha percibido del Ayuntamiento de Cartagena por la prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y planta de tratamiento de residuos, durante el tiempo que haya durado el contrato con CAMACHO RECYCLING, S.L., teniendo en cuenta los ingresos y gastos que puede haber generado la prestación de los servicios contratados.

 

  1. Que se abra una investigación específica sobre el pago de las tasas correspondientes y el destino final de los residuos provenientes de otros contratos privados de la concesionaria del servicio, como los descritos en los distintos informes técnicos, a saber: Repsol, ILBOC, Arsenal, Mercadona, Licor 43, Mancomunidad de los Canales del Taibilla, residuos no declarados provenientes de otros municipios.

 

  1. Que se amplíe la investigación sobre la gestión de los residuos vegetales y de poda del contrato de Mantenimiento de Parques y Jardines que se mantuvo con FCC SA más allá de las fechas comprendidas en los informes, es decir, más allá del período enero de 2015 – diciembre de 2018.

 

  1. Que el Gobierno encargue una investigación específica sobre la gestión y el tratamiento de los residuos provenientes de otros contratos que FCC mantiene con el Ayuntamiento de Cartagena, a saber, Limpieza de Edificios Municipales, Limpieza de Colegios y Limpieza Viaria del Litoral.

 

  1. Que se abra una investigación sobre la contaminación de los suelos del vertedero municipal, hecho corroborado por la cátedra de la UPCT. Que tras la investigación se exijan las responsabilidades técnicas, políticas y empresariales que correspondan, así como la compensación económica y la restauración de los suelos afectados.

 

  1. Que se abra un expediente informativo/sancionador que dé cuenta de las razones de la colmatación prematura del vertedero, que se proceda a la identificación de sus responsables y que se solicite la compensación económica correspondiente.

 

  1. Que en el marco de la investigación en curso se resuelva el expediente respecto a la titularidad y venta de los subproductos obtenidos de la planta de tratamiento (venta de energía eléctrica y otros), que se determine si durante todos estos años la empresa ha percibido ingresos de manera indebida por dichos conceptos, y que se reclamen en su caso las cantidades no transferidas que correspondan al Ayuntamiento.

 

  1. Que el Gobierno encargue a la Intervención municipal un informe específico que dé cuenta de los costes reales del servicio de recogida, recepción y tratamiento de residuos, y que se expliquen las razones por las que Cartagena encabeza el ranking de los Ayuntamientos españoles que más pagan por el servicio.

 

  1. Que el Gobierno encargue a la asesoría jurídica municipal y a los servicios técnicos correspondientes el análisis de la legalidad de las sucesivas ampliaciones contractuales que han encarecido notablemente el coste del servicio.

 

  1. Asimismo, que se hagan estimaciones económicas oportunas y se reclamen a la concesionaria las cantidades de dinero que correspondan en concepto de multas y sanciones, ingresos por subproductos no transferidos al Ayuntamiento, daños ocasionados por la colmatación prematura del vertedero, perjuicios por la contaminación de sus suelos, utilización indebida y no autorizada de medios materiales y recursos humanos del Ayuntamiento por fuera del contrato, aprovechamiento de recursos públicos para fines particulares de la empresa, etc.

 

  1. En caso de que se corroboraran algunos de estos extremos y de probarse incumplimientos graves del pliego de condiciones, que se inicien los trámites para la rescisión del contrato con la empresa concesionaria.

 

  1. Con independencia de las actuaciones anteriores, el Pleno solicita al Gobierno que encargue a la Asesoría Jurídica municipal el estudio riguroso de toda la documentación aportada por los técnicos para que se valore si los hechos denunciados por los funcionarios municipales son constitutivos de delitos fiscales o de otro tipo, y en su caso que se pongan en conocimiento de los juzgados y de la Fiscalía.

2020-07-24 Moción UP

 

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