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Unidas Podemos pide frenar la voracidad del ladrillo en el litoral y frenar al Gobierno que la está alimentando

FRENAR LA VORACIDAD DEL LADRILLO EN EL LITORAL, FRENAR AL GOBIERNO QUE LA ESTÁ ALIMENTANDO

 

Desde Unidas Podemos afirman que, “al compás de la voracidad insaciable de los  empresarios del sector inmobiliario”, Castejón y Arroyo “juegan a ser el Rey Midas y todo lo que tocan lo convierten en ladrillo, arrasando a su paso con costas, parques naturales, espacios protegidos, montes y cerros y hasta el patrimonio arqueológico de una ciudad trimilenaria”…

 

Con motivo del anuncio del enésimo megaproyecto urbanizador en el entorno de Calblanque y del Mar Menor, desde la coalición anticipan su rechazo frontal a un “proyecto aberrante e insostenible”, advierten que se trata de suelo para cultivo de secano y no para hoteles de lujo ni parques acuáticos, y exigen al Ayuntamiento “que no prevarique ni ceda a las presiones del lobby concediendo la autorización para el uso excepcional de los terrenos”.

 

Cartagena, 5 de octubre de 2020

 

Tras conocerse, por el periódico La Verdad, que empresarios del sector inmobiliario y del ocio nocturno pretenden construir un hotel de lujo y un parque acuático en los límites de Calblanque y en el entorno del Mar Menor, desde Unidas Podemos han calificado el proyecto de “aberrante, irracional e insostenible”, en palabras de Leli García, concejala de la coalición.

 

La edil ha manifestado el “rechazo frontal” de su grupo al emprendimiento, pues se trata del “ enésimo atentado contra el patrimonio natural e histórico del pueblo de Cartagena, y que con la excusa burda y mentirosa de los puestos de trabajo pretende seguir enladrillando nuestras costas, cuando ya sabemos de sobra que esto supone pan para hoy y hambre para mañana. Sólo hace falta ver cómo está el Mar Menor para comprobarlo”.

 

García ha insistido en que “el ladrillo en nuestro litoral y en los parques ya no es ni motor de desarrollo ni fuente de progreso. Nuestros espacios naturales se encuentran sumamente degradados y en amenaza permanente, y lo que hay que hacer es dejar de agredirlos y quitarles presión. Sólo así garantizaremos su verdadera recuperación y que puedan ser fuente permanente de riqueza. De eso se trata justamente la sostenibilidad, un concepto que el lobby del ladrillo y sus secuaces parecen no comprender”.

 

La edil ha avanzado que pedirá al Gobierno que no conceda autorización para el uso excepcional del suelo tal como ha solicitado el promotor, ya que “estamos hablando de terrenos para cultivo de secano, es decir, todo lo contrario de lo que pretenden construir, que es un complejo turístico y un hotel de lujo para el disfrute de unos pocos, que además del gasto ingente de agua tendrá unos costes ambientales sin precedentes en materia de servicios e infraestructuras. Por eso esperamos que el Ayuntamiento se mantenga firme, que no  prevarique y que rechace la concesión de licencias y autorizaciones, haciendo primar el interés general de Cartagena, la ley y el sentido común”.

 

La concejala ha seguido explicando que la “reactivación de la burbuja es posible porque hay un Gobierno que la alimenta y se sirve de ella”. En este sentido ha afirmado que “Castejón y Arroyo juegan a ser el Rey Midas, pretenden convertir en ladrillo todo lo que tocan, sin importarles nada, ni los espacios naturales, ni las costas, ni los montes, ni los cerros, ni siquiera el patrimonio arqueológico de una ciudad trimilenaria… Lo que quieren es hacer caja a cualquier precio y contentar a los amigos”.

 

Desde la coalición han finalizado recordando que el proyecto urbanizador en cuestión “no es único ni se trata de un excepción”, sino que “estamos ante una auténtica avanzada”, propiciada por un Ejecutivo Local “que sigue dando carta blanca a este tipo de agresiones ambientales, entre las que figuran el PERI de Isla Plana, la reactivación del Plan Parcial El vivero, las casas de lujo en la Cala del Descargador en Cala Flores o los distintos proyectos que hay en el Plan Parcial Atamaría”… Unidas Podemos ha presentado alegaciones y peticiones de paralización de varios de estos proyectos, peticiones a las que el Gobierno aún no ha respondido, pese a que tiene la obligación de hacerlo.

 

 

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