El Gobierno regional avanza en la aplicación del cuarto convenio en el sector de reforma y protección del menor

El Gobierno regional avanza en la aplicación del cuarto convenio en el sector de reforma y protección del menor

El Gobierno regional avanza en la aplicación del cuarto convenio en el sector de reforma y protección del menor

Política Social traslada a los responsables de los sindicatos su firme apuesta por la protección de menores

El Gobierno regional sitúa para este próximo año 2023 la protección de menores como una de las prioridades en sus presupuestos, que prevén un aumento en la inversión de más de un 19 por ciento en la Dirección General de Familias y Menores, el mismo porcentaje que se contempla para el servicio de protección de menores.

Este aumento de la inversión va a permitir, entre otras acciones, la aplicación del cuarto convenio colectivo en el sector de reforma y protección de menores, al que se destinará 1,8 millones de euros, respondiendo así a las últimas reivindicaciones del sector de reforma y protección de menores.

“Ayer nos reunimos con los responsables de los sindicatos del Sector de Protección y Reforma de la Región de Murcia, para revisar la aplicación de los convenios colectivos y se les informó sobre la subida de presupuesto que se contemplará para el próximo año 2023, que afecta directamente a la mejora de sus condiciones laborales”, señaló la directora general de Familias y Protección de Menores, Silvia Muñoz.

La atención residencial de menores con grave discapacidad y desamparo también se encuentra entre las prioridades de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, ámbito en el que se crearán 13 nuevas plazas. En esta misma línea, el Proyecto Luz, programa de información, diagnóstico y evaluación de menores víctimas de abuso sexual infantil, también se verá beneficiado, lo que permitirá atender a un 20 por ciento más de niños y niñas.

Igualmente, se apuesta por reforzar el servicio de atención primaria en los ayuntamientos de la Región para prevenir y detectar cualquier tipo de violencia hacia la infancia, dentro del marco de la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia; así como la inversión en conciertos sociales, convenios laborales, el apoyo relativo a la detección de situaciones de vulnerabilidad en la infancia y el refuerzo de los servicios sociales para prevención y detección de violencia hacia los menores.