La Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública cuenta con la adhesión de la Asamblea Regional

La Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública cuenta con la adhesión de la Asamblea Regional

La Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública cuenta con la adhesión de la Asamblea Regional

 

Entidades públicas y privadas comprometidas con los objetivos de regeneración democrática, integridad pública y calidad de la gobernanza podrán colaborar con la cátedra

 

           

La Asamblea Regional es la primera que se adhiere como entidad participante al convenio marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma y la Universidad de Murcia que ha permitido la creación de la ‘Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública’. Un acuerdo suscrito en 2021 por ambas entidades para que se pudieran llevar a cabo actuaciones de estudio, investigación, asesoramiento, divulgación y formación en esta materia. 

 

La vicepresidenta y consejera de Transparencia, Participación y Coordinación, Isabel Franco, recordó que “la puesta en marcha de esta cátedra supuso una iniciativa pionera en nuestro país y, a pesar de su breve periodo de existencia, ya ha sido reconocida por ejemplo por el Consejo de Europa como entidad acreditadora para el Sello European Label of Governance Excellence (ELoGE)”. Este sello es un instrumento para estimular la mejora institucional, la innovación y la prevención de la corrupción en los ayuntamientos europeos.

 

La cátedra está abierta a la colaboración con otras entidades públicas y privadas comprometidas con los objetivos de regeneración democrática, integridad pública y calidad de la gobernanza, que pueden sumarse a ella al igual que ahora ha hecho la Asamblea Regional.

 

La cátedra tiene, por tanto, un doble ámbito de proyección. Por un lado, pretende mejorar los procesos institucionales y, por ello, colabora con los poderes públicos con presencia especialmente en la Región de Murcia, y está abierta a la colaboración con instituciones de otros ámbitos geográficos.

 

 Por otro lado, quiere involucrar también al tejido empresarial, sindical y a la ciudadanía en su conjunto para fomentar una cultura democrática y de la integridad que ayude a prevenir prácticas corruptas y, de esta forma, asegurar unos mayores niveles de prosperidad y un mayor grado de igualdad de oportunidad, afianzando la confianza institucional y social.