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Ciudadanos exige al Gobierno regional que depure responsabilidades por los fallos en las oposiciones de maestro que han costado un millón de euros a las arcas públicas

Ciudadanos exige al Gobierno regional que depure responsabilidades por los fallos en las oposiciones de maestro que han costado un millón de euros a las arcas públicas

La formación liberal denuncia que la Comunidad Autónoma ha sido condenada por una sentencia judicial por esta grave negligencia

Cartagena, viernes 29 de abril de 2022. Ciudadanosha registrado una pregunta en la Asamblea regional para que el Gobierno regional dé explicacionessobre los fallos producidos en la puntuación de los tribunales en las oposiciones 2019 al cuerpo de maestros, un error “inaceptable” para la formación liberal que requiere a asumir responsabilidades políticas y medidas contundentes para que no vuelva a producirse. Así lo ha señalado el diputado liberal Juan José Molina, que ha lamentado que esta grave negligencia ha supuesto casi un millón de euros a las arcas de la Comunidad Autónoma a consecuencia de la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en contra de la Administración.

“Los errores que se han producido en la calificación de esas oposiciones muestran una incompetencia absoluta y hay que depurar responsabilidades. El Gobierno regional debe dar explicaciones sobre lo ocurrido y sobre los responsables para tomar las medidas oportunas al respecto”, ha subrayado Molina.

La Consejería de Educación ha sido obligada por una sentencia judicial a abonar las nóminas atrasadas desde septiembre de 2019 a una veintena de docentes que reclamaron ante la justicia las plazas que los tribunales de la oposición les negaron, por lo que han cobrado con carácter retroactivo su sueldo íntegro de dos años. En total, el coste que la Comunidad Autónoma ha tenido que asumir asciende a casi un millón de euros ya que además la Administración ha sido condenada por el TSJ a pagar las costas judiciales.

“Lo mínimo que hay que hacer en estascircunstancias, donde se ha cometido un fallo que le va a costar a la Administración un millón de euros y, por lo tanto, al bolsillo de todos los contribuyentes, es comenzar una investigación y depurar responsabilidades, sobre todo si hay responsabilidades políticas. Debemos saber qué ha pasado, ha concluido Molina.

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