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Ciudadanos refuerza la protección de los derechos de los consumidores a raíz de la crisis del coronavirus

Ciudadanos refuerza la protección de los derechos de los consumidores a raíz de la crisis del coronavirus

 

  • La Dirección General de Consumo y Artesanía amplía y reorienta su línea de subvenciones para primar la resolución alternativa de conflictos e informar de los derechos y deberes derivados del estado de alarma

 

Murcia, domingo 12 de julio de 2020. La situación extraordinaria provocada por la crisis del coronavirus y el estado de alarma ha tenido una respuesta rápida y flexible por parte de la Dirección General de Consumo y Artesanía, que ostenta Ciudadanos como parte del Gobierno regional de coalición. “La pandemia ha supuesto un incremento de las reclamaciones, y ha provocado que surjan en áreas como cancelación de viajes, mensualidades en guarderías, residencias de estudiantes, pisos de alquiler, garajes, moratorias de hipotecas o cancelaciones de comuniones y otros eventos”, explica la responsable del área, Carolina Espinosa. Ante esta nueva situación, Consumo y Artesanía ha reforzado la protección de las personas consumidoras y reorientado y ampliado su línea de subvenciones para incluir esta nueva realidad.

Además de volver a dotar con 60.000 euros a las organizaciones de consumidores para que atiendan las reclamaciones derivadas del coronavirus, Espinosa destaca la reorientación de las ayudas para “mejorar las campañas de información sobre los derechos y deberes de los consumidores derivados de la crisis del Covid-19 y el estado de alarma”. La responsable naranja también ha puesto el acento en la resolución alternativa de conflictos -también online y a través de las plataformas de comercio electrónico- y en nuevos aspectos que han cobrado relevancia en los últimos meses: “Reforzamos la información sobre créditos al consumo, hipotecarios, uso de tarjetas ‘revolving’ o los derivados de la cancelación de viajes, vuelos, alquileres, residencias de estudiantes, guarderías, cuotas de gimnasios, pagos a cuenta de trajes de comunión y bodas o la cancelación de banquetes, en definitiva, de los servicios suspendidos o anulados a causa de la crisis sanitaria y el estado de alarma”.

 

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