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El PSRM afirma que los artículos 33 y 34 de la Ley del Mar Menor dejan claro que las competencias para levantar los regadíos ilegales son del Gobierno regional

El PSRM afirma que los artículos 33 y 34 de la Ley del Mar Menor dejan claro que las competencias para levantar los regadíos ilegales son del Gobierno regional

El diputado socialista Alfonso Martínez Baños explica, tras conocer el informe de la letrada de la Asamblea Regional, que respetan ese informe pero no lo comparten, de la misma forma que no lo comparte la Abogacía del Estado, ni la comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno regional, ni el Tribunal Constitucional, ni los propios Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma

“Es evidente que el Gobierno regional no quiere actuar contra los regadíos ilegales en el Campo de Cartagena y no quiere enfrentarse a determinada parte del sector agrario y ha preferido ponerse del lado de quienes incumplen la Ley en vez de proteger la laguna”

El diputado regional Alfonso Martínez Baños ha afirmado que los artículos 33 y 34 de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor dejan claro que las competencias para levantar los regadíos ilegales son del Gobierno regional.

El socialista ha explicado, tras conocer un informe de la letrada de la Asamblea Regional, que dice que la competencia para levantar los regadíos ilegales en el Campo de Cartagena es de la CHS, que respetan el informe, pero que no lo comparten. De la misma manera que no lo comparte la Abogacía del Estado, ni la comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno regional, ni el Tribunal Constitucional, ni los propios Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.

“Es evidente que el Gobierno regional no quiere actuar contra los regadíos ilegales en el Campo de Cartagena y no quiere enfrentarse a determinada parte del sector agrario y ha preferido ponerse del lado de quienes incumplen la Ley en vez de proteger la laguna”, ha subrayado Martínez Baños.

El diputado regional ha señalado, además, que el Grupo Parlamentario Socialista va a seguir defendiendo esa postura y que van a mantener laProposición de Ley 31, que lo que pretende es establecer una modificación en el artículo 34, para permitir al Gobierno regional que al día siguiente de abrir un expediente de regadío ilegal, se pudiera levantar todas las instalaciones de riego y cultivo.

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