Región

José Manuel Marín, senador de VOX, ha defendido el Veto presentado por la formación

«España debe seguir comprometida con el medio ambiente, pero no a cualquier precio»

VOX ha defendido hoy en el Pleno del Senado su veto al Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con el que Gobierno pretende «transformar radicalmente la economía, la sociedad y hasta el modo de vida de los españoles», tal y como ha denunciado el senador de VOX José Manuel Marín.

Marín ha defendido que España siga comprometida con el medio ambiente, si bien ha advertido de que no se debe hacer a «cualquier precio». Y es que los objetivos remitidos por el Gobierno a la Comisión Europea no han sido revisados, superan los recomendados por la Unión Europea, lo que «rompe cualquier equilibrio, supeditando toda la actividad económica de España a su consecución, sin atender a otras consideraciones de política energética como la seguridad del suministro, la competitividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos», ha dicho el senador.

Para la consecución de estos objetivos, ha denunciado Marín, se requerirá «un intervencionismo exhaustivo del Estado en la vida económica, y un incremento brutal del gasto público» puesto que alcanzar sus metas costará 200.000 millones de euros de inversión privada y pública en la década de 2020. Por ello, el senador ha reprobado a la izquierda por «necesitar pretextos» para «justificar la intervención coactiva del Estado en la economía y la sociedad».

Prospecciones prometedoras, paralizadas

El senador Marín ha recomendado invertirse en investigación para aumentar la eficiencia y resolver el problema de la intermitencia y el almacenamiento de las energías renovables. «Si las renovables llegan a ser realmente rentables, se impondrán por sí mismas, de la misma forma que las bombillas eléctricas desplazaron a los quinqués y los automóviles a los coches de caballos», ha recordado.

También ha vaticinado que, «con la declarada hostilidad a los combustibles fósiles, esta Ley va a poner en serias dificultades a una industria automovilística española», que garantiza 200.000 empleos. «La guerra declarada al diésel penalizará especialmente

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