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La Asamblea pide al Gobierno de España que «respete el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos»

La Asamblea pide al Gobierno de España que «respete el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos»

Víctor Martínez-Carrasco afirma que la Ley Educativa «nace sin consenso, no ilusiona a nadie, apuesta por la mediocridad, asfixia a la concertada y es nociva, perniciosa y perversa»

9 de diciembre. El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado con los votos de PP, Ciudadanos y Vox una moción en la que le pide al Gobierno de España que «respecto el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos», además de «garantizar el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones».

El diputado regional del PP, Víctor Martínez-Carrasco, ha calificado la Ley Educativa, la conocida como Ley Celaá de «nociva, perniciosa y perjudicial». Ha lamentado que se ha tramitado «sin escuchar a la comunidad educativa». «Nace sin el preciso consenso que la sustente».  También ha cuestionado «la oportunidad» del momento para su aprobación «en plena pandemia y con una actividad parlamentaria reducida a la mínima expresión». «En una tarde llegaron a despachar más de 1.000 enmiendas», ha añadido.

Martínez-Carrasco ha subrayado que el texto de PSOE y Podemos «asfixia a la concertada y hace inviable su mantenimiento para que ella misma de forma voluntaria eche el cierre». En este sentido se ha referido a la eliminación de la demanda social y la no cesión de solares para la construcción de nuevos centros, recogidos en el texto legal.

Para el diputado autonómico del PP, la Ley Celaá «apuesta por la mediocridad» cuando permite que los alumnos pasen a ESO y Bachiller con asignaturas suspensas, «hasta once autonomías se desmarcan del plan de la ministra y rechazan los criterios para ponérselo más fácil a los alumnos», ha señalado para también mencionar como los padres con hijos en centros de educación especial  los padres con hijos «están aterrorizados ante la idea de matricular a sus hijos en un centro ordinario».

También ha hablado de la supresión del castellano como lengua vehicular lo que ha calificado la RAE como «genocidio cultural» y sobre todo, ha incidido en que la norma «es un ataque a las libertades».

Víctor Martíez-Carrasco ha dicho que «la educación en nuestro país necesita un cambio», sin embargo la Ley Celaá no atiende ninguno de los retos que demanda el sistema como  « la excelencia en el profesorado, su formación continua,sus competencias digitales,  de las nuevas metodologías pedagógicas, la innovación en las aulas, el emprendimiento,  la motivación de los alumnos y de los profesores, la profesionalización de los equipos directivos, y la brecha existente en conocimiento digital, entre otras cuestiones.

Para El diputado regional ‘popular, la Ley Educativa del PSOE y Podemos «es un panfleto, una moneda de cambio para aprobar unos Presupuestos con quienes quieren romper España». «Una ley que no ilusiona a nadie», ha incidido.

El texto respaldado por el pleno del parlamento regional reclama al Ejecutivo de Sánchez que garantice la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, la incorporación de medidas de calidad y excelencia y la no discriminación de la enseñanza del castellano.

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