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La cancelación de fondos del Gobierno central dejará sin formación para el empleo a 15.000 alumnos

La cancelación de fondos del Gobierno central dejará sin formación para el empleo a 15.000 alumnos

 

El consejero Motas se muestra “muy preocupado por el hecho de que el Ministerio desprecie una palanca básica para facilitar el acceso a un puesto de trabajo, precisamente en un escenario de crisis económica”

 

La decisión del Ministerio de Trabajo pone en peligro partidas como ayudas y becas para que colectivos vulnerables participen en cursos de formación del presente año

 

La cancelación de fondos del Gobierno central dejará sin formación para el empleo en la Región de Murcia a unos 15.000 alumnos en 2021, según estimaciones de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. En total, está previsto que se dejen de celebrar unas 1.200 acciones formativas, con el consiguiente efecto económico en las entidades responsables de impartirlas, el personal docente y administrativo de las mismas, entidades sin ánimo de lucro, así como ayuntamientos.

 

La decisión, adoptada de manera unilateral por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la reciente Conferencia Sectorial, supone que el dinero que correspondería a la distribución territorial de 2020 para formación profesional para el empleo, 30,7 millones de euros en el caso del SEF en la Región de Murcia, se destinará al SEPE para hacer frente a prestaciones. Por tanto, no se distribuiría el dinero que le corresponde a la Comunidad para formación.

 

De esta manera, el SEF, dependiente de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, sólo dispondría de 1,9 millones de euros para formación este año. Como consecuencia, no sólo no se podrían programar nuevas actividades formativas con cargo al ejercicio 2020, sino que los gastos acarreados por la programación de cursos de 2019 (seguimiento de los cursos, ayudas y becas para alumnos vulnerables, justificación económica, auditorías, entre otros) quedan ahora en suspenso, ya que corren a cuenta del presente ejercicio.

 

El consejero Miguel Motas se mostró “muy preocupado por el hecho de que el Ministerio desprecie una palanca básica para facilitar el acceso a un puesto de trabajo, precisamente en un escenario de crisis económica como el que viene”. Asimismo, añadió que esta decisión “rompe una regla defendida por los propios agentes sociales: la cuota a la Seguridad Social del 0,7 por ciento de las nóminas de los trabajadores por cuenta ajena de la que provienen los fondos constituye una partida finalista, y por tanto debe destinarse íntegra y exclusivamente a formación profesional para el empleo”.

 

Efectos

 

Actualmente, la actividad formativa comprometida con el ejercicio 2019 garantiza la actividad durante 2020. Sin embargo, desde enero de 2021 la cifra de cursos se reduciría notablemente hasta que el último celebrase, hacia mediados de 2021. Existen entidades de formación, como el Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena, en los que la actividad formativa concedida por el SEF en 2019 finalizaría en diciembre de 2020, aunque muchas ofrecerían el último de los cursos antes de esa fecha.

 

A raíz de esta cancelación, el SEF no podría financiar ninguna actividad formativa nueva cuya ejecución abarcase el periodo entre enero de 2021 y mediados de 2022. El impacto económico en el sector de la formación traerá consigo un incremento del desempleo, tanto entre los formadores (se estima en 1.500) como en personal administrativo, que afectará a más de 200 personas, así como el cese de la actividad de numerosos autónomos.

 

Motas subrayó que “numerosas entidades de formación se han puesto en contacto con la Consejería, que comparte su preocupación ante la incertidumbre generada por esta decisión. Estamos en contacto permanente con sus responsables para defender sus intereses, que son los de la Región y sus ciudadanos”.

 

A ello hay que sumar el impacto social y en el empleo, ya que esta medida impide que se capacite a desempleados y ocupados para desarrollar profesiones sujetas a normativas que exigen disponer de determinados certificados de profesionalidad, certificaciones o renovación de carnés. Por ejemplo, no se cubrirían las necesidades de trabajadores formados de las empresas que desarrollan su actividad en torno a Navantia, en Cartagena.

 

Otros ámbitos particularmente afectados serían la seguridad privada, la atención a personas dependientes, la instalación, la manipulación de alimentos, el socorrismo, la renovación y obtención del certificado de aptitud profesional que se requiere con carácter obligatorio a los conductores de transporte, entre otros.

 

La Consejería exige fondos para compromisos ya adquiridos

 

La Consejería está ultimando un informe que refleja la relación de compromisos económicos de la Comunidad derivados de la ejecución de programas de formación para el empleo en 2020, previos a la decisión aprobada por el Ministerio en la citada Conferencia Sectorial. Una vez finalizado, se remitirá al Ministerio para que éste autorice la distribución de nuevos fondos que permitan la asunción de los compromisos adquiridos.

 

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