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La Comunidad pondrá en marcha un canal de comunicaciones con el Consejo de la Transparencia

La Comunidad pondrá en marcha un canal de comunicaciones con el Consejo de la Transparencia

La Administración regional creará una Oficina Especializada de Registro Electrónico a disposición del Consejo de la Transparencia

El nuevo Decreto-Ley de Dinamización de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública, aprobado ayer en Consejo de Gobierno, va a servir para poner en marcha, entre otros aspectos, un canal de comunicaciones con el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM), de esta forma el Gobierno regional atiende el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

Así, la Administración regional creará una Oficina Especializada de Registro Electrónico a disposición del Consejo de la Transparencia, que solucionará los problemas planteados por la aprobación por parte del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia de una resolución por la que ponía en marcha un registro y sede electrónica propios, sin interconexión alguna con el resto de registros de las administraciones públicas, incluida la Comunidad Autónoma.

En este sentido, el decreto-ley deroga la resolución del organismo regional siguiendo la recomendación realizada por el Consejo Jurídico regional, que en un dictamen señalaba que la misma era contraria al ordenamiento jurídico por ser “una disposición administrativa de carácter general que ha sido dictada por quien carece de potestad reglamentaria necesaria para ello”.

Con la puesta en marcha de esta Oficina Especializada se pretende solucionar los problemas generados por la decisión del Consejo de Transparencia de no atender las solicitudes que los ciudadanos le estaban presentando a través de los diferentes registros de cualquier administración pública, o de sedes electrónicas distintas a las del propio Consejo creado por aquella resolución.

Con esta iniciativa se pretende garantizar el derecho de los interesados a presentar sus documentos en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, derecho que se restablecerá en cuanto el Consejo de la Transparencia acepte la recepción de los escritos presentados por los ciudadanos en el registro de la Comunidad Autónoma o en el de cualquier otra administración pública.

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