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La Comunidad presentará un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Hidrológico del Tajo

La Comunidad presentará un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Hidrológico del Tajo

 

La aprobación del documento, impulsado por el Ministerio, amenaza la pervivencia de 12.000 hectáreas de cultivos de regadío, 8.000 empleos y una producción por importe de 122 millones de euros

 

Antonio Luengo preside la reunión del Consejo Asesor Regional del Agua en la que se informó del Programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, de saneamiento y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales

La Comunidad Autónoma presentará un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Hidrológico del Tajo “para impedir la plena consumación de este disparate, que no está fundado en otros argumentos que los políticos, ya que desde el punto de vista técnico y medioambiental no tiene justificación alguna”, según explicó hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.

“El Plan Hidrológico del Tajo es, como veníamos anunciando, uno de los atentados de mayor alcance de cuantos se han perpetrado contra el Trasvase Tajo-Segura, un paso determinante hacia su desmantelamiento y contra el desarrollo de la Región de Murcia y de su sector agrícola, por lo que el Gobierno regional ha activado los mecanismos precisos para presentar en tiempo y forma ese recurso contencioso-administrativo”, dijo.

Luengo recordó que el Ejecutivo regional “dio la voz de alarma, hace cuatro años, sobre la intención de Pedro Sánchez de eliminar el Trasvase y ha puesto sobre la mesa todos los medios a su alcance para evitarlo, pero también advertimos de que era un plan bien urdido, en el que se han ido dando todos los pasos precisos para llegar a este punto, y se seguirán dando si no logramos impedirlo”.

El consejero afirmó que las consecuencias de la reducción de los caudales trasvasables “mediante las argucias insostenibles contenidas en el Plan del Tajo, representa para toda la Región, y no sólo para los regantes, una catástrofe desde un punto de vista social, económico y ambiental”, aseguró que “todos los planes de cuenca de España se han flexibilizado, excepto el del Tajo”, y recordó que el presidente López Miras envió el pasado 27 de abril una carta a la ministra Ribera, y poco antes al presidente del Gobierno, solicitando la revisión de los caudales ecológicos por un organismo público que determinara nuevamente las cifras, sin respuesta”.

El nuevo Plan Hidrológico del Tajo supone una disminución en los envíos del Tajo al Segura de 105 hectómetros cúbicos anuales. Como consecuencia, se prevé la desaparición de 12.000 hectáreas de cultivos de regadío, 8.000 empleos y 122 millones de euros en valor de producción, según datos de la propia Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los caudales recortados serían sustituidos, “según proyecta el Gobierno de la nación, por aguas procedentes fundamentalmente de la desalación, con el sobrecoste que conllevaría, aparejado al incremento en las emisiones de dióxido de carbono”, precisó Luengo.

Luengo puso de relieve que la actividad agrícola de todo el Levante, que se verá afectada por el cambio de reglas del Trasvase, “aporta en la actualidad más de 3.000 millones de euros al PIB. Más de 100.000 empleos dependen del agua de esta infraestructura y, gracias al trasvase, la Región de Murcia, Alicante y Almería producen alrededor del 70 por ciento de la exportación nacional de hortalizas y un 29 por ciento de la de frutas, utilizando solo un tres por ciento del agua de regadío de España”.

“El Gobierno regional va a seguir defendiendo, como ha hecho siempre, los intereses de la Región de Murcia”, subrayó Luengo, a la vez que lanzó un mensaje en pro de “la unidad de todos los habitantes de la Comunidad, agricultores y regantes, en la defensa de aquello que es necesario y justo y que tenemos derecho a recibir como el resto de españoles, porque no podemos consentir que el Gobierno de España siga recortándonos las oportunidades de desarrollo y crecimiento”.

Programa de control y mejora de redes de pluviales y depuradoras

El consejero realizó estas declaraciones durante la celebración del Consejo Asesor Regional del Agua, órgano que fue informado en su reunión del Programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, de saneamiento y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales para dar cobertura a las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor. 

El objetivo general del Programa es establecer las condiciones para la reducción de aportes contaminantes al Mar Menor mediante la correcta gestión de las aguas pluviales y residuales, y como instrumento para alcanzar el objetivo general, el programa establece varios subprogramas: Infraestructuras de gestión de pluviales (implementación de redes de pluviales separativas; tanques ambientales; redes unitarias; sistemas urbanos de drenaje sostenible; y regularización y control de los vertidos de aguas pluviales canalizadas procedentes del drenaje urbano).

Infraestructuras de conducción de aguas residuales (conexión de núcleos de población aislados; y renovación de redes). Infraestructuras de depuración de aguas residuales (ampliación y mejora de tratamientos en las estaciones depuradoras existentes; y construcción de nuevas estaciones). Y eliminación de aguas parásitas (inspección de redes; y eliminación de infiltración de aguas freáticas).

El Programa establece a la hora de determinar la prioridad de las inversiones necesarias para su desarrollo cuatro parámetros: eficacia de la inversión; afección directa al Mar Menor; frecuencia de aparición de la problemática; y características del agua objeto de tratamiento.

Según la valoración realizada para los criterios de priorización establecidos, de las actuaciones definidas en los cuatro subprogramas citados, 91 se sitúan en el nivel de Prioridad 1, totalizando un importe de casi 144 millones de euros (143.959.126 euros). En tanto, 65 actuaciones se sitúan en el nivel de Prioridad 2, totalizando un importe de algo más de 91 millones de euros (91.227.135 euros), lo que representa una inversión total que asciende a más de 235 millones de euros (235.186.262).

 

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