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La Comunidad traslada al Ministerio las graves consecuencias de reducir las concesiones acuícolas de la futura Ley de Cambio Climático

La Comunidad traslada al Ministerio las graves consecuencias de reducir las concesiones acuícolas de la futura Ley de Cambio Climático

 

Los plazos de concesión del dominio público marítimo-terrestre se verían sensiblemente recortados de prosperar las pretensiones del Gobierno de España 

Antonio Luengo advierte que “están en juego 2.500 puestos de trabajo y 27 millones en inversión a corto y medio plazo”, según datos del sector

 

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, se reunió hoy con representantes del sector acuícola de la Región para darles a conocer las gestiones realizadas en las últimas semanas por el Gobierno regional en relación con los contenidos de la Ley de Cambio Climático, que prepara el Ejecutivo central, y sus afecciones a las empresas que se dedican a este campo.

 

Luengo subrayó que, según las estimaciones del propio sector, “están en juego 2.500 puestos de trabajo, 500 de ellos directos; y se pone en riesgo una facturación anual de 200 millones de euros, además de una inversión a corto y medio plazo de unos 27 millones de euros”. Añadió que “algunas de estas empresas cuentan con inversores extranjeros, que buscan rentabilidad a largo plazo y seguridad jurídica, y estas medidas representarían un serio revés para sus propósitos, ya que el dominio público marítimo-terrestre es donde se desarrolla la actividad”.

 

El consejero recordó que en las últimas semanas se dirigió por escrito al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, indicando que el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica incluye en su articulado, “fuera de todo contexto”, que los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se computarán, en todo caso, desde su otorgamiento, e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

 

“Se trata, por tanto, de un vuelco normativo en un punto crucial, como es la duración de las concesiones, que con esta reforma quedarán reducidas, al descontarse del plazo de duración legalmente previsto para las prórrogas extraordinarias (actualmente, hasta 40 o 50 años más, según el caso) el número de años ya disfrutados durante el período de vigencia ordinario de la concesión (normalmente 30 años), lo que resulta extraordinariamente lesivo para las empresas del sector acuícola, de tanta importancia para la economía de la Región de Murcia”, advirtió Antonio Luengo.

 

A la vista de todo ello, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente reiteró la necesidad de que sean consensuados los aspectos del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que resultan lesivos para las empresas del sector acuícola, y brindó a los representantes del sector el respaldo del Ejecutivo de la Región.

 

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