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La Mesa de la Okupación propone al Gobierno central reforzar el derecho de propiedad de todas las viviendas, sean primera o segunda residencia

La Mesa de la Okupación propone al Gobierno central reforzar el derecho de propiedad de todas las viviendas, sean primera o segunda residencia

 

Elevará sus propuestas para que se recojan en la reforma de la ley de vivienda que prepara el Gobierno central

 

El canal regional de denuncias registra 126 casos de presunta usurpación desde noviembre del pasado año

 

 

La Mesa de la Okupación de la Región de Murcia propondrá al Gobierno central reforzar el derecho de propiedad de todas las viviendas, sean primera o segunda residencia, para dar seguridad a sus propietarios frente a la okupación. También solicitará el reconocimiento de las comunidades de vecinos como actores que puedan pedir el desalojo de okupas que actúen de forma incívica en la comunidad “puesto que son los principales afectados”, informó el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.

 

Estos son dos de los planteamientos que recogerá el texto que la Mesa elevará al Gobierno central “para que se recojan en la reforma de la ley de vivienda que está preparando actualmente el Estado y de la que aún se desconoce su texto”, señaló el consejero tras la celebración de la segunda reunión de la Mesa de la Okupación.

 

Forman parte de este órgano los colegios profesionales de Abogados de Murcia, Cartagena y Lorca; de Administradores de Fincas y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; así como representantes de las Asociaciones Thader Consumo, Cerrajeros y Vigilantes de Seguridad, y las empresas de suministros Iberdrola y Emuasa.

 

El fenómeno de la okupación ilegal de viviendas ha pasado de ser una molestia a un auténtico problema social que, además de atentar contra el derecho constitucional a la propiedad privada provoca focos de delincuencia y conflicto social”, manifestó el consejero.

 

Díez de Revenga recordó que el Ejecutivo regional tiene una estrategia de “tolerancia cero contra la okupación, y así lo hemos demostrado siendo la primera comunidad autónoma en contar con una regulación específica para hacer frente a la okupación ilegal de viviendas”.

 

Argumentó que el cambio de normativa nacional de vivienda “es necesario que incluya la protección de la propiedad para que se aumente la oferta de alquiler y así se mejore al acceso del hogar a quienes lo necesitan”. Manifestó que “amparar a los okupas es un despropósito, tal y como sucede en el Real Decreto ley 37/2020, aprobado recientemente por el Estado que ha sido una oportunidad perdida para implantar medidas sociales que realmente funcionen”.

 

126 denuncias de okupación

 

Un total de 126 personas han alertado a la Comunidad de un presunto caso de okupación en su edificio o barrio, que se han puesto en conocimiento de las fuerzas de seguridad para evaluar el caso y confirmar que se trata de una okupación ilegal.

 

Este es el balance de actividad del canal regional de denuncias (alertaokupa@carm.es) puesto en marcha por la administración regional desde noviembre del pasado año, que tiene el objetivo de alertar de forma ágil y sencilla de presuntos casos de okupación en la Región y, en su caso, activar las ayudas de auxilio social de la vivienda de la Comunidad para personas vulnerables que las pudieran necesitar.

 

Tras recibir la denuncia ciudadana, se activa el protocolo para intentar localizar al propietario de la vivienda okupada y proporcionarle asesoramiento jurídico e intentar agilizar la recuperación del hogar. En tal caso, el equipo técnico del Servicio de Mediación Hipotecaria y Lucha contra la okupación de la Región de Murcia evalúa si los okupas están afectados por una situación de vulnerabilidad y de forma inmediata se les pondrá en contacto con Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado para que accedan a las subvenciones de auxilio social de la vivienda.

 

Este canal se basa en la confidencialidad y en preservar la identidad del denunciante con el fin de que garantizar por encima de todo la seguridad de la persona y evitar que sea objeto de represalias y amenazas.

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