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Podemos Cartagena lamentan que, una vez más, los cartageneros y cartageneras paguen las chapuzas urbanísticas del Partido Popular

Desde Podemos Cartagena lamentan que, una vez más, los cartageneros y cartageneras paguen las chapuzas urbanísticas del Partido Popular

Desde la formación morada recuerdan que el Ayuntamiento ha pagado más de 32 millones de euros de dinero público en indemnizaciones por perjuicios causados a particulares y empresas por su nefasta gestión urbanística

La portavoz de Podemos en Cartagena, Leli García, ha lamentado, una vez más, que los cartageneros y cartageneras tengan que pagar de su bolsillo la mala gestión urbanística del Ayuntamiento durante la época de Pilar Barreiro.

La nefasta gestión que se hizo del urbanismo en Cartagena por culpa de Partido Popular y en concreto de la ex alcaldesa Pilar Barreiro ha derivado en que el Consistorio lleve una década encadenando sentencias judiciales en contra por el perjuicio causado a empresas y particulares que han obligado a éste a pagar la friolera de más de 32 millones de euros de dinero público”, ha lamentado Leli García.

Desde Podemos recuerdan que este goteo de sentencias desfavorables ha obligado a establecer un plan de pago para esta década, y a esto hay que sumar que todavía está pendiente la reclamación judicial interpuesta por Hansa Urbana ante la suspensión de los trámites del proyecto urbanístico de Nuevo Carthago, a orillas del Mar Menor y en el que se solicitan 30 millones de euros por daños y perjuicios, “lo que supone, nada más y nada menos que casi el 13% del Presupuesto municipal del Ayuntamiento para este ejercicio”, ha recordado la portavoz de Podemos.

A todo esto, hay que sumar la última sentencia desfavorable de la Sala de lo Contencioso, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ha condenado al consistorio a abonar una nueva indemnización a la empresa Urbanizadora Mar y Sol (Grumasol, S.L.) por haberle impedido construir 42 viviendas en el solar anexo al Colegio Adoratrices, en Cartagena, según informaba hoy el diario La Verdad.

Afortunadamente para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, el tribunal solo les ha concedido una indemnización de algo más de 207.000 euros frente a los 6,57 millones que exigía la promotora, pero aún así volvemos a encontrarnos que otra chapuza, esta vez derivaba de la anulación del PGOU, supone un nuevo revés a las arcas municipales que pagamos todos los cartageneros y cartageneras, ha destacado García.

Desde la Podemos han enfatizado la gravedad de la situación y han recordado nuevamente la relación de casos que viene lastrando impunemente las arcas municipales. Los casos más conocidos son: el solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil en La Azohía, Novo Carthago, las expropiaciones ilegales del Casco Antiguo, las obras de acceso a Barrio Peral desde la plaza Severo Ochoa, el Plan Parcial El Vivero de La Manga, el Residencial Buenos Aires, la escalera protegida en la Plaza Castellini o las obras de reforma de la Avenida de América.

García ha instado al Gobierno Local a que “haga públicos todos los informes que se han encargado desde Alcaldía y que los ponga en conocimiento del Pleno”, puesto que “los grupos de la oposición, y el pueblo de Cartagena en su conjunto, tienen todo el derecho a saber cuánto dinero se ha perdido por el mal hacer de unos pocos, cuánto se ha pagado ya y cuánto está pendiente aún, cuáles son las causas jurídicas y técnicas y de quién es la responsabilidad en cada caso”.

Se trata, prosiguió la portavoz, “de ver qué se ha hecho mal, de corregir los muchos errores que se han cometido ysobre todo, de que se asuman las responsabilidades técnicas y políticas en primera persona, que es lo que hasta ahora no se ha hecho, pues ha existido una absoluta impunidad y secretismo, rayano con el encubrimiento. Hundir Cartagena no puede salir gratis”.

La portavoz de Podemos y concejala en el Ayuntamiento,ha finalizado criticando la “demagogia” del Gobierno de Arroyo y Castejón, pues “se rasgan las vestiduras cada vez que se habla del dinero de los cartageneros, pero no dan ni un solo paso cuando se trata de encontrar a los culpables de dilapidar más de 30 millones de euros en sentencias adversas, indemnizaciones y malas prácticas urbanísticas. Estamos ante una auténtica sangría de dinero público, un derroche que está liquidando las arcas municipales, que ha incrementado la deuda y que, hoy más que nunca, sería indispensable que en lugar de engordar la cartera de los promotores y empresarios del ladrillo pudiera destinarse a ayudar a quien más lo necesita en estos tiempos de crisis económica que vivimos derivada de la pandemia, la inflación y de la guerra de Ucrania”.

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