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SATSE rechaza destinar dinero público al sector privado en lugar de entregarlo al Servicio de Salud para realizar test COVID en Murcia

SATSE rechaza destinar dinero público al sector privado en lugar de entregarlo al Servicio de Salud para realizar test COVID en Murcia

SATSE subraya que los 215.000 euros que el Gobierno regional va a pagar a los empresarios de las oficinas privadas de farmacia de Murcia para que hagan test de autodiagnóstico en sus establecimientos comerciales podrían destinarse a reforzar las plantillas y contratar a más de 100 enfermeras.

El Sindicato de Enfermería también sugiere que los test de antígenos deberían ser gratuitos o a un precio simbólico para la ciudadanía y que pudieran ser adquiridos también en otros establecimientos comerciales o en grandes superficies, para el beneficio del conjunto de la ciudadanía.

Murcia, 11 de enero de 2022.- El Sindicato de Enfermería SATSE en Murcia ha subrayado que los 215.000 euros que el Gobierno regional va a pagar a los empresarios de las oficinas privadas de farmacia para que hagan test de autodiagnóstico COVID en sus establecimientos comerciales podrían destinarse a contratar a más de 100 enfermeras y, de esta manera, mejorar el Servicio de Salud, en lugar de seguir avanzando en la privatización de la sanidad autonómica.

SATSE ha denunciado que el acuerdo suscrito entre la Consejería de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia supone un paso más hacia la privatización de la sanidad pública mientras que, tanto la ciudadanía como los profesionales, sufren el deterioro progresivo que el servicio autonómico de salud viene padeciendo desde hace tiempo.

El Sindicato critica que, en lugar de reforzar las plantillas de profesionales sanitarios, la Consejería ha optado por destinar 215.000 euros del presupuesto público a los empresarios de las oficinas privadas de farmacia que, además de este dinero, seguirán cobrando entre 10 y 15 euros a cada persona por los test de autodiagnóstico.

SATSE incide en que los 215.000 euros podrían destinarse a contratar a más de 100 enfermeras y enfermeros que, además de la realización de estos test, podrían desarrollar otras muchas actuaciones asistenciales y de cuidados, además de colaborar en la campaña de vacunación de la tercera dosis de refuerzo del COVID, la de los menores de entre 5 y 11 años o en la de la gripe.

En lugar de garantizar una mejor atención y cuidados dentro de nuestro sistema público y que los test de autodiagnóstico sean realizados por profesionales sanitarios perfectamente cualificados y competentes sin coste adicional alguno para el ciudadano, el Gobierno regional da dinero a las oficinas privadas de farmacia para que incrementen aún más sus beneficios

mientras a los ciudadanos les cuesta más dinero saber si se han contagiado de COVID-19”, apuntan desde la organización sindical.

SATSE considera que el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Salud y los farmacéuticos de Murcia no supone ninguna mejora real y positiva para el sistema sanitario público, sino una nueva manera de “atraer clientes” a las oficinas privadas de farmacia, y reitera que la administración autonómica debería garantizar que haya medios y profesionales suficientes en los centros para que cualquier persona pueda realizarse la prueba con todas las garantías.

SATSE destaca, además, que propiciar la presencia de personas posiblemente contagiadas en las oficinas privadas de farmacia junto al del resto de clientes que acuden para adquirir un fármaco o cualquier otro producto de los que se encuentran a la venta (geles, cremas, champús, dentífricos…), conlleva más riesgos de que se conviertan en nuevos focos de transmisión del virus, teniendo en cuenta que la variante Ómicron es muy contagiosa.

Por último, SATSE Murcia incide en que, al igual que se ha hecho en otros muchos países, debería garantizarse que los test de autodiagnóstico sean gratuitos o en su defecto que puedan ser adquiridos también en otros establecimientos comerciales y/o en grandes superficies para que, a través de la libre competencia, se propicie una rebaja del coste de los mismos que beneficie al conjunto de la ciudadanía, tal y como ya se hizo en su momento con las mascarillas.

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