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Unidas Podemos afirma que FCC y el Gobierno Local se alían para dar carpetazo al escándalo de las irregularidades de Licarhsa

UNIDAS PODEMOS AFIRMA QUE FCC Y EL GOBIERNO LOCAL SE ALÍAN PARA DAR CARPETAZO AL ESCÁNDALO DE LAS IRREGULARIDADES DE LHICARSA

 

 

Cartagena, 16 de febrero de 2021

 

Leli García, portavoz del grupo municipal Unidas Podemos IU Equo Cartagena, ha criticado duramente que el Gobierno Local pretenda dar por cerrado el expediente de FCC-LHICARSA mediante el pago de dinero por las tasas no abonadas y una cuantificación “ridícula y vergonzosa” de los daños y perjuicios: “Ambas estimaciones están hechas a la baja a drede y dejan de lado innumerables irregularidades, sobre ningunean las denuncias de los propios técnicos… una maniobra tan burda, en contra del pueblo de Cartagena, que pone en evidencia un acuerdo vergonzoso entre Gobierno y empresa para que las tropelías de FCC salgan lo más baratas posibles”.

 

La edil ha recordado que “las estimaciones de los técnicos municipales únicamente en el caso del vidrio, y siempre acotadas al período 2016-2020, superan los 300.000 euros”. En este sentido, García se ha preguntado “Cuánto cuesta haber colmatado el vertedero antes de tiempo? ¿Y la zona arrasada de la Sierra de la Fausilla? ¿Y la contaminación de los suelos del vertedero municipal? ¿Y las bajas tasas de reciclaje? ¿Cuánto cuesta tener las calles sucias desde hace décadas y que se hayan estado aprovechando sistemáticamente y durante muchos años de vehículos, personal y medios materiales pagados por el Ayuntamiento?”

 

Desde el grupo municipal han insistido en que “el Gobierno pretende que a FCC le salgan gratis todos sus desmanes y tropelías”. García ha precisado que resultan increíbles las cantidades barajadas por el Gobierno en cuanto a daños y perjuicios: no solo hablamos del uso de naves, camiones, vehículos que aún siguen desaparecidos, maquinaria, personal de servicio que no ha trabajado para el Ayuntamiento y sí para los contratos privados de la empresa… sino que también hay que incluir la presunta venta indebida de subproductos cuyos ingresos no han sido traspasados al Ayuntamiento, inversiones no realizadas, contratos firmados a espaldas del Ayuntamiento, indemnizaciones por incumplimientos contractuales  y un sinnúmero de irregularidades que han perjudicado al Ayuntamiento y a los vecinos y vecinas de Cartagena”.

 

García ha recordado que “llevamos más de medio año exigiendo al Gobierno, Pleno tras Pleno, que vaya hasta el fondo de la investigación, que no dé carpetazo al trabajo de los técnicos”. La edil ha continuado subrayando que, al no trasladar al Tribunal de Cuentas todas las pruebas que tiene, “el Gobierno está actuando de forma temeraria y negligente, ya que sólo respecto de las tasas no abonadas estaríamos hablando de cantidades mucho mayores que las tramitadas y que además supondrían la comisión de delitos fiscales”.

 

García ha precisado que “todo esto comenzó mucho antes de 2015, y queda claro que el gobierno no tiene ningún interés en ir más allá”… “No quieren hasta el final y tampoco quieren mirar hacia atrás, mucho menos quieren investigar los otros contratos que FCC tiene firmados con el Ayuntamiento, como limpieza y mantenimiento del litoral, o limpieza de edificios y colegios”. “Hay un acuerdo tácito con la empresa, si no, no se explica cómo es que han aprobado las últimas cuentas anuales de LHICARSA o cómo es que han declarado públicamente que FCC ha cumplido con todo lo que le pidió el Ayuntamiento”.

 

García ha insistido que “estamos ante una gran multinacional, cuyo lema es ‘Cartagena eres nuestra’, y que tristemente ha hecho realidad su eslogan”. La edil ha destacado que “sumando los diferentes contratos, FCC se queda con cerca de 50 millones de euros anuales de dinero público, casi una cuarta parte del presupuesto municipal… una cifra escandalosa a la que debemos sumar la deuda injusta que crece año tras año por un servicio que supuestamente arroja déficit”.

 

García ha finalizado afirmando que “el Gobierno del Ayuntamiento está ante una encrucijada histórica: O defiende a Cartagena y a su gente, o sigue al lado de la empresa y con ello se suicida políticamente. Está claro que no solo se debe obligar a FCC a que nos devuelva las decenas de millones y millones que ha ido acumulando gracias a malas prácticas, irregularidades y presuntos delitos, sino que con todas las pruebas que tiene, el Gobierno debiera iniciar ya mismo los trámites para rescindir el contrato, y prepararse para gestionar directamente el servicio, sacándoselo a una multinacional que ha llevado al Ayuntamiento de Cartagena a una bancarrota económica, moral y medioambiental”.

 

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