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Unidas Podemos exige el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Unidas Podemos exige el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Aroha Nicolás:”Las mujeres no necesitamos ser tuteladas por ningún hombre, ningún médico, ningún gobierno o ninguna ley que nos quiera decir lo que debemos o no hacer con nuestra vida y nuestra capacidad de darla.”

Unidas Podemos IU-Verdes Equo solicitará en el próximo pleno que el gobierno local manifieste su compromiso con la salud sexual y reproductiva como derecho fundamental de las personas, que debe realizarse con garantías y calidad.

Para la concejala Nicolás es imprescindible que el Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Regional a que muestre un interés real en tratar de manera seria el tema de la mujer en todos sus aspectos y dejen a un lado su corte moral ideológico en los temas de embarazos no deseados y en la planificación familiar que generan situaciones injustas e innecesarias para las mujeres.

El Gobierno de la Región de Murcia debe poner los medios y arbitrar los mecanismos necesarios, con carácter inmediato, para que no sigan vulnerando los derechos fundamentales, ni se siga maltratando institucionalmente a las mujeres y se cumpla la ley del aborto en la sanidad pública en los hospitales de referencia para que sean más seguros y sin que haya ninguna objeción de conciencia que valga ante las situaciones de las mujeres que tienen que interrumpir su embarazo”, ha asegurado la edil.

Así mismo, el grupo municipal pedirá en el Pleno que el Gobierno Regional habilite en la sanidad pública una unidad de atención específica a las mujeres que tengan que pasar por un aborto, para garantizar los protocolos de atención física y psicológica necesarios para acompañarlas a ellas, y a sus familias desde la etapa previa a la toma de la decisión, durante la intervención y posteriormente demostrándoles total apoyo, seguridad y calidad en todo el proceso, ya que en estos casos son embarazos deseados y las mujeres pasan por un parto, un duelo y momentos muy difíciles.

Aroha Nicolás ha recordado que “las mujeres somos totalmente capaces de tomar decisiones por nosotras mismas. A lo largo de nuestra vida tomamos grandes decisiones y no necesitamos ser tuteladas por ningún hombre, ningún médico, ningún gobierno o ninguna ley que nos quiera decir lo que debemos o no hacer con nuestra vida y nuestra capacidad de darla”.

Y ha continuado asegurando que “lo que sí necesitamos es que los gobiernos de nuestras comunidades cumplan con la ley del aborto y el acceso en la sanidad pública a él, para garantizar nuestro derecho fundamental a decidir sobre nuestra maternidad ya que es una responsabilidad que asumimos como mujeres, sabemos lo que implica y para ello debemos considerar cual es nuestro momento o nuestra edad para convertirnos en madre.”

En nuestro país hace 35 años que se aprobó la primera ley del aborto y hace más de 10 años de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que reconoce “a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación, con independencia del lugar donde residan“. Sin embargo, resulta triste y vergonzoso que hoy en día en nuestra región las mujeres se vean privadas de ese derecho de salud sexual y reproductiva y se vulnere la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública debido a la objeción de conciencia y según las semanas de embarazo sean derivadas a clínicas privadas dentro o fuera de la Región en las que reciben tratos deplorables y deshumanizados.

Para la edil “la decisión de traer o no vida al mundo ya es suficientemente difícil de tomar como para que encima el proceso se convierta en asunto burocrático de papeleo interminable, en el que se les cuestione, se les maltrate institucionalmente, se les sermonee para convencerlas de seguir con el embarazo no deseado o se estigmatice y criminalice”.

Y ha concluido asegurando que “un programa de televisión, que dio voz a las mujeres que han pasado por este proceso ya sea voluntario o no, saco a la luz que en la sanidad murciana existe la objeción de conciencia en bloque sólo porque el médico ginecológico jefe así lo ha decidido en base a motivos religioso y políticos que no pueden estar jamás por encima de la ciencia, de la ley, ni, por supuesto, de los derechos de las mujeres u su seguridad. Algo ilegal y que no se ajusta a lo explicitado en la ley de 2010 que solo reconoce la objeción de conciencia individual y nunca institucional.

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