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UPA Murcia: “2019, un año negro para la agricultura y la ganadería familiar”

UPA Murcia: “2019, un año negro para la agricultura y la ganadería familiar”

LA ESPECULACIÓN AGROALIMENTARIA Y LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS MINARON LOS INGRESOS DEL SECTOR AGRARIO EN 2019

LAS INCERTIDUMBRES PRESIDIERON LA DINÁMICA DEL SECTOR AGRARIO: DISPONIBILIDAD DE AGUA, RETRASOS EN LOS PAGOS AGRARIOS, PARÁLISIS ADMINISTRATIVA…

LOS AGRICULTORES, CABEZA DE TURCO DE LA CRISIS MEDIOAMBIENTAL DEL MAR MENOR Y A LAS PUERTAS DEL ENSAÑAMIENTO EN LA FUTURA LEY INTEGRAL

Murcia, 13 de diciembre de 2019. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) ha realizado hoy una valoración del año 2019 desde la perspectiva de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos y las explotaciones agrarias familiares, calificándolo como “un año negro” debido a la falta de rentabilidad en la mayoría de grupos de productos agrícolas y producciones ganaderas y los ataques y acusaciones generalizadas que está sufriendo el sector agrario.

El secretario general de UPA-Murcia, Marcos Alarcón, ha declarado que con la excepción de los graves daños ocasionados por las “DANAS” de mediados de septiembre y primeros de diciembre, la meteorología no ha tenido una especial incidencia negativa en la evolución de las producciones agrícolas, “siendo incluso benévola enprecipitaciones, en comparación con otros años, con las producciones de las zonas de secano”.

Situación de los grandes grupos de cultivos y producciones

Persisten en cambio a juicio del dirigente de UPA y resultan especialmente perjudiciales para la viabilidad de los agricultores, por su reiteración con las producciones de fruta, los comportamientos y prácticas comerciales abusivas, que pese a las actuaciones de inspección de la AICA (Agencia de Información y Control Agroalimentarios) del Ministerio de Agricultura, continúan caracterizando las relaciones comerciales entre productores y operadores comerciales.

El abuso de posición de dominio de los operadores comerciales de este sector provoca la inexistencia y la irregularidad de contratos de compra-venta de fruta (obligatorios por Ley), lo que se traduce en una actuación especulativa de los operadores, la imposición del modelo de “compra a resultas” y la demora en los pagos a los agricultores. Por su parte, las prácticas comerciales de la distribución provocan colapsos en la salida de la fruta a los mercados, con incidencia negativa en los precios que está teniendo ya sus consecuencias en forma de arranque de plantaciones.

Los arranques de viñedo, con la consiguiente reducción de superficie, ha sido otra de las características de 2019, provocados por los injustificables bajos precios que reciben los viticultores, que este año se han situado en niveles similares a los de 2018, pese a una producción más corta y la práctica ausencia de stocks de vino de calidad. UPA estima que la superficie de viñedo regional se sitúa ya sensiblemente por debajo de las 20.000 hectáreas y tal disminución de la capacidad productiva tendrá consecuencias no sólo sobre los ingresos de los productores, sino también una incidencia negativa en el futuro del sector vitivinícola de calidad y el tejido socioeconómico, las expectativas de relevo generacional y la conservación del medio ambiente en amplias zonas desfavorecidas de la Región de Murcia.

Melón y sandía son otros de los cultivos cuya rentabilidad ha salido mal parada en el año que ahora acaba, cuyos precios medios de campaña se han situado por debajo de los costes de producción. Sólo algunos productores que pudieron recolectar el grueso de su producción en los primeros días de campaña pudieron compensar los gastos realizados en las plantaciones.

El limón finalizó con precios razonables de ventas la campaña anterior en el primer semestre de 2019, mejorespara Verna que para Fino. La campaña 2019-2020 de limón fino arrancó con precios muy ajustados que ya han iniciado su recuperación. El hecho de que la actual sea una campaña con una producción más corta que las anteriores debería mantener el repunte de los precios garantizando la rentabilidad de los productores.

Está siendo asimismo una campaña irregular para la producción de uva de mesa, con precios rentables para algunas variedades premium” cuya producción está en manos de un reducido número de empresas, pero sin precio ni movimientos de venta para las producciones de variedades “tradicionales”.

En cuanto al grupo de hortalizas, puede hablarse de un año de regularidad en los precios de brócoli y coliflor,productos que arrancaron con buen precio la actual campaña de invierno debido en parte a la falta de producción puntual ocasionada por temperaturas más bajas y las inundaciones, pero que han vuelto a valores normales.

Por otra parte, la lechuga es un cultivo en el que, gracias sobre todo a la obtención de buenos rendimientos de producción/Ha. puede hablarse de recuperación de los costes de los cultivos, ya que los precios se sitúan en los límites de la rentabilidad y sólo grandes volúmenes de producción ofrecen beneficios.

En cuanto a la alcahofa, la irregularidad en los rendimientos y la afectación a la producción en Campo de Cartagena y Vega Baja de Alicante por las inundaciones, han dado lugar a una campaña con dificultades de calidad y precios bajos.

Finalmente, en cuanto a las producciones agrarias, cabe destacar el mantenimiento en precios rentables para los agricultores de la producción de almendra, especialmente la ecológica.

Por lo que respecta a las producciones ganaderas, la leche de caprino, las aves y el porcino se manifiestan en una línea de precios que cabe calificar de “sostenibles” para los ganaderos, siendo la cruz la carne de vacuno y ovino, la leche de vaca y la producción de conejos.

 

Las incertidumbres atenazan al sector agrario

 

Con respecto al agua, por una parte, si no fuera por las controvertidas decisiones adoptadas por la Ministra para la Transición Ecológica de “trasvases 0” para regadío en los meses de noviembre de 2018 y 2019 (en Nivel 3) podríamos hablar de un funcionamiento normal de los trasvases del Tajo al Segura en aplicación de las reglas de explotación de la famosa “Ley del Memorándum”; pero por otro lado los anuncios constantes y permanentes sobre la intención de limitar o suprimir los trasvases no permiten eliminar las incertidumbres sobre buena parte del regadío murciano.

Además, no es posible obviar el incremento de costes que se viene produciendo constantemente por la utilización de volúmenes procedentes de la desalación, que pese a haberse establecido por Ley del parlamento español que su coste no debería superar los 30 céntimos/m3, sigue facturándose a los regantes a precios en el entorno de los 60 céntimos/m3.

Con respecto a las ayudas de la PAC a los productores, cuya gestión es realizada por las Comunidades Autónomas, los agricultores murcianos ven cómo, un año más, mientras sus colegas del resto de regiones cobraron un anticipo del 70% del pago básico en la segunda quincena de octubre, ellos aún esperan (con algunas excepciones de pagos ganaderos) recibir los ingresos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cosa que no extraña demasiado si además tenemos en cuenta que el Gobierno Regional aún tiene vacante la Dirección General de la PAC dentro de la estructura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Achacable o no a la ausencia de director general de la PAC, lo cierto es que la tramitación de los expedientes de ayuda para la Modernización de Explotaciones y la Incorporación de Jóvenes parecen encontrarse en situación de parálisis administrativa, una situación grave que afecta a medidas fundamentales de la política agraria comunitaria de las que está necesitada la agricultura familiar: modernización y relevo generacional.

Mención especial merece expresar la profunda preocupación por las consecuencias que sobre el sector agrario y especialmente sobre las explotaciones familiares puede acarrear la emergencia medioambiental del Mar Menor.

 

UPA ha reiterado su compromiso para colaborar y apoyar la puesta en marcha de medidas y la ejecución de infraestructuras que permitan minimizar el impacto medioambiental del sector agrario sobre el Mar Menor a partir de una premisa básica: ha de ser un proceso justo en el que se garantice que en su tránsito no caigan los más débiles.

Sin embargo, en el momento actual, la percepción de UPA es que el Gobierno Regional elabora un Decreto-Ley de Protección Integral del Mar Menor que, lejos de regular con rigor las actividades excluidas de la vigente Ley de Medidas Urgentes (todas menos el sector agrario), profundiza en las prohibiciones, exigencias y limitaciones al sector agrario pasando de puntillas por el resto de actividades con impacto medioambiental en el Mar Menory sumándose así a la “moda” de responsabilizar a la agricultura y la ganadería como causante exclusivo de los malos medioambientales, incluido el Cambio Climático.

Estas son las razones por las que UPA manifiesta una profunda preocupación ante la elaboración del Decreto-Ley para la protección integral del Mar Menor:

La interlocución mantenida con el sector agrario ha sido mínima y deficiente, sin presentar siquiera un texto del borrador sobre el que realizar una valoración.

La información aportada sobre la futura “Ley Integral” se ha realizado de forma verbal y solo referida a modificaciones de aspectos incluidos en la Ley de Medidas urgentes (por tanto sólo al sector agrario), con ampliación de limitaciones, prohibiciones y obligaciones.

Mientras que se nos trasladan medidas y prohibiciones más drásticas para el desarrollo de la agricultura, se nos comenta que para otras actividades habrá “moratorias”.

De la deficiente información verbal aportada, se desprende la extensión de medidas a todas las superficies agrícolas, desde la Sierra de Carrascoy hasta la ribera del Mar Menor, sin distinción de secano ni regadío.
Igualmente se desprende la ausencia de actuaciones e inversiones públicas, del Gobierno Regional, en lo que se refiere a la protección del Mar Menor, haciendo descansar toda la financiación sobre el sector agrario y sin prever indemnizaciones por las nuevas prohibiciones y pérdida de derechos que ocasionaría la futura Ley Integral.

Las conclusiones de UPA, a día de hoy en esta materia se concretan en:

El Gobierno Regional comete otra vez el mismo error que con el Decreto-Ley de Medidas Urgentes, elaborando un Decreto-Ley que se centra en el ensañamiento con el sector agrario (el propio Consejero de Agricultura, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Mar Menor celebrada el pasado miércoles anunciaba que “contará con 11 capítulos en los que se busca establecer un orden de preferencia de sistemas de cultivo en parcelas de la zona, determinar las condiciones de las plantaciones que se realicen en dichos lugares, minimizar las escorrentías hacia el Mar Menor así como el aporte de nutrientes, regular y controlar de forma exhaustiva el uso de fertilizantes o regular la velocidad de navegación en el Mar Menor, entre otras.” A la vista está donde vuelve a centrarse el futuro Decreto-Ley.

El Gobierno Regional no parece que vaya a realizar aportaciones presupuestarias ni inversiones para la mejora del Mar Menor, parece que “todo es cosa de los demás”.

No se prevén excepciones ni condiciones distintas en función del tamaño de las explotaciones, tratando por igual a las explotaciones familiares y las grandes explotaciones.

Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos serán los primeros que caerán en un proceso de transición injusto. Los más débiles, una vez más, serán los más agredidos.

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