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PACTO DE TOLEDO EN FEBRERO DE 2020, Yayoflautas Cartagena

PACTO DE TOLEDO EN FEBRERO DE 2020

(Extractos de José Miguel Fernández Ruiz y de Laboral Pensiones)

ANTECEDENTES

El Pacto de Toledo, una invención de la Convergencia y Unió de Jordi Pujol para “sacar las pensiones del debate político”, desde su origen en 1.995 ha emitido recomendaciones contra el interés de l@s trabajador@s y de l@s pensionistas, y en línea con los deseos de organismos como la CEOE, el IBEX35, el FMI o el Banco Mundial, es decir, de los guardianes de la ortodoxia más neoliberal, favorecedora de la gran empresa y las grandes fortunas.

Concretamente, las recomendaciones y las decisiones posteriores de los distintos gobiernos del PSOE y PP siempre han ido en la línea de las rebajas de las cotizaciones empresariales, elevación de la edad de jubilación, ampliación de la base de cálculo a toda la vida laboral, exigencia de mayor número de años de cotización para tener derecho a la pensión máxima, igualar los distintos regímenes a la bajaeliminando los derechos adquiridos que otorgan los regímenes específicos a algunos colectivos, disminución de las prestaciones asistenciales, etc.

En el fondo, lo que se quiere con el Pacto de Toledo es cambiar el modelo, conformar un modelo público de Seguridad Social raquítico, con una escasa protección social, para crear un mercado y un negocio en que esas necesidades las cubra la empresa privada (planes privados de pensiones, medicina privada, asistencia social privada, etc). Hay ya una legislación que está actuando en esa dirección y no solamente en España; en la UE también. Valga como muestra el PePP que favorece los planes privados de pensiones a nivel europeo frente a las pensiones públicas, votado a favor por el PP, PNV, JxCat y Cs con la abstención del PSOE.

Por el contrario, en ningún momento el Pacto de Toledo ha hecho recomendaciones contra el factor de sostenibilidad o el 0,25% del PP (aunque tanto PSOE  como PODEMOS se han comprometido a eliminarlos), ni contra la reforma “express” del artículo 135 de la Constitución; tampoco a favor de las jubilaciones anticipadas con 40 años o más cotizados, ni de la devolución de la deuda histórica del Estado con la Seguridad Social: el enorme excedente de cotizaciones que los gobiernos utilizaron para múltiples fines, sin consignarlo ni devolverlo, y que algunos estudios cuantifican en unos 550.000 millones de euros; no han reclamado el correcto cumplimiento del Art. 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social que impediría el déficit y, como consecuencia, los “préstamos” con cargo a los Presupuestos Generales del Estado

ÚLTIMOS AÑOS

Hace casi justo un año y tras más de dos años de trabajos, el Pacto de Toledo dio por rotas las negociaciones para cerrar unas recomendaciones que estaban prácticamente acordadas”, según muchas fuentes, y que debían servir para orientar en los próximos cinco años una reforma que garantizase la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.

Las siguientes son las recomendaciones más destacadas contempladas en el borrador del preacuerdo que finalmente no fue aprobado para enviarlo al Parlamento para su debate y, en su caso, aprobación, y que según la exministra Valerio servirán de punto de partida para los trabajos del “nuevo” Pacto de Toledo. Las más polémicas, con las que no podemos estar de acuerdo, son la fórmula de la revalorización, el aumento del periodo de cálculo, la reducción de algunas pensiones de viudedad, endurecer las jubilaciones anticipadas, los sistemas complementarios privados, las cotizaciones de los autónomos, el invento de la tasa de sustitución, la deuda histórica, la fórmulapara acabar con el déficit y la mochila austríaca.

Veamos las recomendaciones que utilizarán como punto de partida:

– Revalorización de las pensiones según el IPC real (con la media de la inflación anual).

– Déficit de la Seguridad Social: Acabar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado contribuya a financiar los déficits de los regímenes especiales.

– Separación de fuentes de financiación: El Estado abonará con transferencias directas los gastos impropios del sistema, como bonificaciones y prestaciones como maternidad o paternidad, complementos a mínimos y ayudas universales de sanidad o servicios sociales.

– Aportación del SEPE: Estudiar la conveniencia de redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales elevando los destinados al sistema de pensiones y reduciendo el dirigido al SEPE (Servicio Público de Empleo).

– Deuda histórica: Resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, analizando compensarlos con el traspaso de patrimonio e inmuebles a las administraciones (Comunidades Autónomas) sin menoscabo de los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social.

– Período de cálculo: Se amplía más allá de los 25 años a los que se llegará en 2022, llegando incluso a toda la vida laboral, y permitiendo escoger los años más favorables en casos de largas carreras de cotización.

– Pensiones de viudedad: Las mejoras en la base reguladora deben ser financiadas por transferencias del Estado. Deben mejorar para mayores de 65 para los que sea su principal fuente de ingresos y, en cambio, establecer una prueba de rentas que evalúe la situación financiera de la unidad familiar en el resto de los casos.

– Pensiones mínimas: Incremento hasta un umbral mínimo, pero de forma equilibrada para que las nuevas cuantías complementarias no sean superiores a las que marquen las mínimas de las pensiones contributivas, para no desincentivar la cotización.

– Edad de jubilación: Acercar la edad real de jubilación a la edad legal, endureciendo los requisitos para acceder a la anticipada e incentivando el envejecimiento activo.

– Suficiencia: Concretar qué es una pensión suficiente, con un mecanismo que puede ser una tasa de sustitución que relacione la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores.

– Fondo de Reserva: Situar su dotación mínima en el 7 % del gasto anual en pensiones contributivas y sujetarlo a una regla endurecida de disponibilidad.

– Lagunas de cotización: El Estado debe compensar la falta de cotización de colectivos, como las mujeres que cuidan de personas dependientes, con medidas para evitar los vacíos de cotización involuntaria, permitiendo el “traslado o reparto” de cotizaciones.

– Control del fraude: Luchar contra la economía sumergida para que afloren empleos en ámbitos específicos, como el de empleados del hogar, y proteger a los colectivos vulnerables, como los becarios, trabajadores sin afiliación o autónomos económicamente dependientes (TRADE).

– Previsión social complementaria: Fomentar planes de pensiones de empresa vinculados a los organismos sin ánimo de lucro”, sin descartar incentivos fiscales.

– Jóvenes: Garantizar las carreras de cotización de los jóvenes que trabajan de forma discontinua y mejorar el control de la inspección de trabajo sobre los becarios.

– Autónomos: Que los autónomos coticen por sus ingresos reales, mejorando también la protección del colectivo y con derechos como jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial.

– Sistemas especiales: Culminar su integración en el Régimen General, analizando los incentivos (bonificaciones o reducciones) para ver si es necesario mantenerlos o reordenarlos y simplificarlos.

– Rendir cuentas al Pacto de Toledo: Que el Gobierno de turno cada año dé cuenta del cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo e informe de las medidas que piensa implementar para cumplirlo.

– “Impuesto al robot”: Encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta que la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no un aumento del empleo.

Comentarios aparte merecen las pensiones de viudedad, para las que el Pacto de Toledo propone «llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia, en especial la de viudedad», con el objetivo de «adaptarse a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios», introduciendo una prueba de rentas para acceder a esta prestación que tenga en cuenta la situación financiera de la unidad familiar, y otros criterios como la edad y los hijos. Se pretende recortar las compatibilidades, en aras a restringir de alguna forma este tipo de prestación y limitarla a quienes realmente la necesiten. En esta misma línea, defiende que la protección se concentre en las personas con 65 o más años para las que la pensión es su principal o única fuente de ingreso, con el fin de «garantizarles una situación de renta equiparable» a la que tenían antes de fallecer su cónyuge. Incluso se muestra partidario de elevar a este colectivo el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular su prestación, en la actualidad el 60%.

De igual forma se estudiará, a instancias de la ministra Calviño, poner en marcha la ‘mochila austríaca, un sistema de ahorro individual en el que las empresas se ahorran la indemnización por despido, aportando fondos de la propia masa salarialde l@s trabajador@s, para ser rescatado en caso de despido (o cuando llegue la jubilación, si queda algo). Calviño pretende cumplir el sueño de la patronal: el despido gratis. Suponemos que los sindicatos mostrarán en las calles su oposición frontal.

A favor coinciden PP, Vox, Ciudadanos, JxCat y la patronal con el ministro Escrivá(según Calviño), quien estudiará ésta y otras opciones para mejorar el sistemade previsión complementaria. En contra tendrán a Podemos, PNV, ERC y a la mayoría de los colectivos de pensionistas.

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