El día 26 finaliza el plazo de subasta de los 12 solares del casco histórico

El Ayuntamiento garantiza ayudas económicas para excavaciones y compensa con mayor edificabilidad la protección de restos arqueológicos, incentivando la inversión en vivienda

El próximo viernes, 26 de diciembre, es la fecha límite para la presentación de ofertas en la subasta pública para la enajenación forzosa de 12 solares sin edificar situados en el casco histórico. Esta licitación, que se tramita por procedimiento abierto, forma parte de la Estrategia Municipal de Vivienda para movilizar suelo infrautilizado y generar oferta residencial en el centro de la ciudad. El único criterio de adjudicación será el mejor precio ofertado.

El Ayuntamiento ha establecido medidas específicas para abordar la potencial aparición de restos arqueológicos, algo habitual en esta zona. Ante la posible aparición de restos arqueológicos en algunas de estas parcelas, el Ayuntamiento concederá ayudas para la realización de las excavaciones y compensará con mayor edificabilidad en aquellos casos que sea necesaria su conservación.

Se trata, como anunció la alcaldesa Noelia Arroyo, de una herramienta para favorecer la construcción de nuevas viviendas en el casco histórico y atraer inversión privada a una zona que ya cuenta con una bonificación del 90 % en el Impuesto de Construcciones y ayudas específicas.

En este sentido, el concejal de Patrimonio y Vivienda, Pablo Braquehais, ha destacado la importancia de estas garantías para los promotores y la estrategia municipal, “la dinamización de los solares del casco histórico es pieza clave para la recuperación del mismo”. Además, “es importante señalar que el Ayuntamiento tiene una línea de ayudas para las excavaciones arqueológicas ante las posibles incidencias que se puedan encontrar los potenciales compradores de estos solares”.

De este modo se busca concienciar a los posibles compradores de que invertir en el Casco Histórico de Cartagena es una oportunidad con garantías, gracias a las bases articuladas por el Ayuntamiento para asegurar que la protección del patrimonio no suponga una carga económica.