El Gobierno regional pide que se elimine la obligación de incluir en la Seguridad Social a los alumnos en prácticas

El Gobierno regional pide que se elimine la obligación de incluir en la Seguridad Social a los alumnos en prácticas

El Gobierno regional pide que se elimine la obligación de incluir en la Seguridad Social a los alumnos en prácticas 

 

El consejero Víctor Marín participó en la Conferencia de Educación y explicó que la Región “rechaza cualquier medida que suponga dificultades al desarrollo de la Formación Profesional” 

 

El Gobierno regional “rechaza cualquier medida que suponga dificultades al desarrollo de la Formación Profesional” y ha solicitado en la Conferencia de Educación que se derogue la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o académicas externas incluidas en programas de formación, contemplada en el Real Decreto 2/2023, o bien que se bonifique al 100 por ciento, porque esta medida “supone un coste para empresas y entidades y no contribuye a promover la Formación Profesional”.  

El consejero de Educación, Formación Profesional, Víctor Marín,  participó hoy, de forma telemática, en la Conferencia de Educación junto a consejeros del resto de comunidades autónomas.  

Marín explicó que “la bonificación del 95 por ciento que ha anunciado el Gobierno central sigue suponiendo un coste para la empresa o entidad”. Además, esta medida no se ha acompañado de memoria económica ni de dotación específica. El consejero indicó que solicitar una subvención incrementa la carga burocrática de las administraciones y centralizar el procedimiento de altas y bajas de los alumnos en prácticas requiere de más recursos.  

“El sector empresarial y las universidades rechazan esta propuesta porque necesitan facilidades para promover la FP y las prácticas, no dificultades, ya que una de las claves fundamentales para el éxito de la Formación Profesional son las empresas que acogen a alumnos en prácticas”, agregó Marín. 

El titular de Educación explicó que “se trata de una medida injusta, fuera de lugar e irresponsable que busca manipular los datos de afiliación a la Seguridad Social de cara a final de año, a costa de lastrar el impulso de la FP, una de las herramientas más importantes de desarrollo a futuro que tiene España”.