La Justicia rechaza las medidas cautelares solicitadas por los vecinos de Villas Caravaning de La Manga

El juzgado descarta, por el momento, nombrar un administrador judicial para el complejo turístico

El conflicto que rodea al camping Villas Caravaning de La Manga suma un nuevo episodio judicial. El juzgado ha desestimado la solicitud de medidas cautelares presentada por la Asociación de Vecinos del complejo, que reclamaba el nombramiento de un administrador judicial para asumir la gestión temporal del recinto.

La petición había sido planteada por los propietarios y residentes del camping ante la situación de deterioro que atraviesa el complejo, cerrado desde hace meses y afectado por importantes problemas de seguridad, deudas y deficiencias en sus instalaciones.

Con esta decisión, la gestión seguirá en manos de la empresa propietaria mientras continúa el procedimiento judicial principal.

Los vecinos reclamaban una intervención urgente

La Asociación de Vecinos defendía que era necesaria una actuación inmediata para evitar un mayor deterioro de las instalaciones y garantizar el mantenimiento de los servicios básicos.

Entre las medidas solicitadas figuraba el nombramiento de un administrador judicial que pudiera asumir la dirección del camping de forma provisional, controlar las cuentas y ejecutar las actuaciones urgentes para recuperar la actividad del recinto.

Los residentes sostenían que la situación económica y administrativa del complejo se había agravado en los últimos años y que existían indicios de una gestión deficiente.

Además, alertaban de que el retraso en la adopción de decisiones podía poner en riesgo el futuro de las familias que todavía residen en el interior del caravaning.

Un camping cerrado por problemas de seguridad

El camping Villas Caravaning permanece clausurado desde el pasado año después de que el Ayuntamiento de Cartagena detectara importantes deficiencias técnicas.

Las inspecciones municipales realizadas en el recinto revelaron problemas relacionados con la seguridad eléctrica, la protección contra incendios y el uso de materiales altamente combustibles en distintas parcelas.

Los técnicos municipales también advirtieron de que la red eléctrica presentaba numerosas irregularidades y que el complejo no disponía de un sistema de prevención de incendios adaptado a la normativa vigente.

Por este motivo, el Ayuntamiento decidió mantener cerradas las zonas comunes y condicionó cualquier posible reapertura a la ejecución previa de todas las obras exigidas.

Más de medio millón de euros en deudas

A la situación técnica del camping se suma una delicada situación económica.

Según la información trasladada a los propietarios, la comunidad acumulaba una deuda superior a los 522.000 euros, principalmente por impagos relacionados con el suministro de agua y electricidad.

En concreto, las cantidades pendientes superaban los 450.000 euros con la empresa suministradora de agua y más de 70.000 euros con la compañía eléctrica. 

Los vecinos consideran que esta situación financiera fue uno de los argumentos que justificaban la necesidad de adoptar medidas cautelares y de apartar temporalmente a la actual dirección del complejo.

Un centenar de familias continúa viviendo en el recinto

Pese al cierre oficial del camping, en el interior del complejo continúan residiendo alrededor de un centenar de familias.

Muchas de ellas están empadronadas en el recinto y dependen de que se mantengan los servicios y las instalaciones mínimas.

La situación ha generado una creciente preocupación entre los residentes, que temen que el deterioro del camping se agrave mientras el procedimiento judicial sigue su curso.

Los vecinos también denuncian la incertidumbre en la que viven desde hace meses, sin una fecha concreta para la reapertura ni una solución clara sobre el futuro del complejo.

El proceso judicial continúa abierto

Aunque el juzgado ha rechazado las medidas cautelares, el procedimiento principal sigue adelante.

La Asociación de Vecinos mantiene su reclamación y continuará intentando demostrar ante los tribunales que existieron irregularidades en la gestión del camping.

Por su parte, la empresa propietaria deberá afrontar tanto el proceso judicial como las exigencias municipales para corregir las deficiencias detectadas.

La resolución sobre las medidas cautelares no supone el final del conflicto, sino únicamente que el juzgado considera que, en este momento, no concurren los requisitos necesarios para intervenir de forma urgente la gestión del complejo.

Mientras tanto, Villas Caravaning continúa inmerso en una situación de bloqueo, con el camping cerrado, decenas de familias pendientes de una solución y el futuro del recinto todavía sin resolver.