MC estudia llevar a los tribunales los vertidos de la depuradora Mar Menor Sur

La formación prepara un informe jurídico y técnico para esclarecer la gestión del emisario submarino de Cala Reona y determinar si existen responsabilidades políticas, administrativas o penales.

MC Cartagena estudia emprender acciones legales por los vertidos procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Mar Menor Sur y por los posibles daños ocasionados en el Mediterráneo.

El grupo municipal ultima un informe jurídico y técnico centrado en el estado y la gestión del emisario submarino de Cala Reona. Su objetivo es determinar las obligaciones de las distintas administraciones y comprobar si se ha producido algún incumplimiento de la normativa ambiental.

La rotura del emisario en 2022

El documento analiza la evolución de esta infraestructura durante los últimos años, incluida la rotura registrada en 2022, así como la ausencia, según MC, de una reparación integral.

El estudio aborda también la situación administrativa del emisario, los requerimientos formulados por diferentes organismos públicos y las posibles consecuencias de los vertidos sobre un entorno de especial valor ambiental.

La formación pretende esclarecer qué administración debía encargarse del mantenimiento y la reparación de la conducción, además de comprobar si la gestión del sistema de saneamiento ha podido afectar al litoral o a espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Petición de una investigación independiente

El portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, considera necesario que un órgano independiente investigue los hechos y determine si existen responsabilidades derivadas de la gestión de la depuradora y del emisario.

“Ha llegado el momento de conocer toda la verdad, saber qué ocurrió con el emisario en 2022, quién tenía la obligación legal de mantenerlo y repararlo y qué decisiones se han dejado de adoptar”, manifestó.

Giménez Gallo también criticó los cierres de playas, las averías y el cruce de acusaciones entre administraciones que, según afirmó, se han sucedido durante los últimos años sin ofrecer una solución definitiva.

MC decidirá las medidas jurídicas que adoptará una vez concluya el análisis de toda la documentación recopilada. La formación sostiene que las posibles responsabilidades deben investigarse en los ámbitos político, administrativo y, si correspondiera, penal.