MC pide por registro los decretos firmados por los concejales tránsfugas para depurar responsabilidades

MC Cartagena ha pedido formalmente una lista completa de los decretos y actos administrativos firmados por los concejales tránsfugas del PSOE durante el tiempo que ocuparon cargos y competencias que, según la reciente Sentencia 129/2025 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena, les fueron otorgadas de forma ilegal.  El concejal de MC, Juan José López Escolar, explicó que el objetivo es documentar claramente la magnitud del fraude político y administrativo que, según MC, Noelia Arroyo impuso en el Ayuntamiento de Cartagena.

 

López Escolar expresó el deseo de saber cuántos decretos firmaron, qué decisiones tomaron y cuántos cartageneros se vieron afectados por actos de gobierno que ahora se sabe que carecían de legitimidad.  Enfatizó que cada decreto firmado por los tránsfugas es una prueba del fraude con el que, según MC, Arroyo aseguró su Alcaldía.

 

La sentencia judicial ha declarado nulos los decretos por los que la alcaldesa concedió competencias y retribuciones a los seis concejales tránsfugas del PSOE, al considerarlos una violación del artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que prohíbe otorgar cargos o ventajas económicas a ediles que abandonen el grupo político por el que fueron elegidos.

 

El edil cartagenerista cree que es importante aclarar las responsabilidades políticas y administrativas.  Menciona que Noelia Arroyo convirtió en rutina la ilegalidad y que ahora es el momento de entender el alcance real de esa corrupción institucionalizada que la justicia ha empezado a desenmascarar.

 

El concejal de MC recuerda que el Ayuntamiento podría enfrentarse a la nulidad de todos los actos firmados por quienes nunca debieron tener dichas competencias.  Por eso, pide transparencia total y acceso inmediato a la documentación solicitada.

 

López Escolar concluye diciendo que si Arroyo y su equipo no tienen nada que ocultar, no deberían tener problema en entregar todos los decretos firmados por sus socios tránsfugas.  Si no lo hacen, será porque saben que cada firma revela una nueva ilegalidad.