Nueva ordenanza de convivencia en Cartagena: multas, reparación de daños y mediación para proteger calles y plazas
Nueva ordenanza de convivencia en Cartagena: multas, reparación de daños y mediación para proteger calles y plazas
La Junta de Gobierno Local de Cartagena, presidida por la alcaldesa Noelia Arroyo, ha dado luz verde al proyecto de la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana, una norma con la que el Ayuntamiento pretende acelerar la reparación de desperfectos y reforzar la protección de calles, plazas, parques y mobiliario urbano.
El objetivo principal del texto es que la administración municipal pueda actuar con mayor rapidez ante conductas incívicas como pintadas, vandalismo, colocación de carteles no autorizados o daños en espacios públicos. La ordenanza permitirá retirar materiales, decomisar objetos, suspender actividades y exigir a los responsables que repongan los daños y asuman el coste económico de la reparación.
Según ha explicado Noelia Arroyo, la norma no busca aumentar la recaudación, sino garantizar que quienes deterioren el espacio público respondan por ello. En los casos que afecten a bienes municipales, la sanción económica podrá ir acompañada de la obligación de pagar la limpieza, reparación o indemnización correspondiente.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la posibilidad de actuar de forma inmediata frente a grafitis o actos vandálicos. Los agentes podrán intervenir los materiales utilizados e incluso ordenar la limpieza en el momento si resulta posible. Si el infractor no actúa, el Ayuntamiento realizará los trabajos de forma subsidiaria y posteriormente reclamará el importe de los gastos.
La ordenanza también incorpora la mediación como una herramienta para resolver conflictos vecinales o problemas derivados del uso compartido de la vía pública. En el caso de menores, se contempla un sistema voluntario con personal especializado en el que podrán participar los padres o tutores y, cuando sea necesario, las personas afectadas. La finalidad es que el infractor comprenda las consecuencias de sus actos y colabore en la reparación del daño.
Además, el Ayuntamiento podrá derivar determinados expedientes a este procedimiento cuando considere que es más eficaz que una multa. La nueva regulación también prevé colaboración con los servicios de justicia de proximidad.
En materia de mendicidad, el texto diferencia entre situaciones de vulnerabilidad y conductas agresivas. El Ayuntamiento mantendrá las patrullas mixtas de Policía Local y trabajadores sociales, pero actuará especialmente en casos de mendicidad insistente, intimidatoria o en presencia de menores. La norma insiste en que no se penaliza la pobreza, sino las conductas que dificultan el uso normal de la vía pública.
También se contemplan medidas específicas para las acampadas o usos inadecuados del espacio público. Cuando existan circunstancias de exclusión social, problemas de salud o falta de recursos, los servicios municipales podrán derivar a la persona afectada a programas de atención y alojamiento antes de imponer una sanción.
Otro de los puntos incluidos en la ordenanza es la prohibición de ofrecer, solicitar o negociar servicios sexuales remunerados en la vía pública. El Ayuntamiento aclara que las víctimas de explotación sexual no serán sancionadas y recibirán ayuda e información para abandonar esa situación.
El absentismo escolar figura igualmente entre las conductas reguladas. Los padres o tutores podrán ser responsables si no garantizan la asistencia de los menores al colegio. No obstante, la norma contempla como alternativa a la multa la participación en cursos de formación o sesiones de atención individualizada.
Las sanciones previstas varían según la gravedad de la infracción. Las faltas leves podrán conllevar multas de hasta 120 euros o 500 euros, mientras que las conductas más graves podrán alcanzar entre 1.500 y 3.000 euros. Entre las infracciones consideradas muy graves figuran los daños sobre patrimonio protegido, la mendicidad con menores o personas con discapacidad, los juegos de azar ilegales y la prostitución cerca de centros educativos.
Junto al régimen sancionador, la futura ordenanza dedica un apartado específico a fomentar la convivencia. El proyecto prevé campañas informativas, actividades educativas, programas dirigidos a jóvenes y menores, colaboración con asociaciones vecinales y medidas para promover el respeto a la diversidad cultural y religiosa.
El texto deberá ser aprobado inicialmente por el Pleno municipal de Cartagena y después se abrirá un periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva.
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