La Plataforma 'NO AL CETI' solicita que la Guardia Civil entre de forma permanente en el Hospital Naval

Felipe Saura presentado el escribo ante la Delegación del Gobierno
Felipe Saura presentado el escribo ante la Delegación del Gobierno
La Plataforma 'NO AL CETI' solicita que la Guardia Civil entre de forma permanente en el Hospital Naval

La Plataforma 'NO AL CETI' solicita que la Guardia Civil entre de forma permanente en el Hospital Naval

Cartagena. Lunes, 17 de junio de 2024.

JR Comunicación y Protocolo (Agencia de prensa y comunicación de la Plataforma 'NO AL CETI, DEFIENDE CARTAGENA').

La Plataforma 'NO AL CETI, DEFIENDE CARTAGENA' viene denunciando, desde hace varios meses, la situación de inseguridad que está acarreando el campamento de inmigrantes ilegales. Sin ir más lejos, el pasado 6 de junio se produjo un incidente en su interior que fue calificado como «motín» por fuentes del Ayuntamiento de Cartagena.

Los propios responsables del campamento se vieron desbordados por la situación y llamaron a los cuerpos de seguridad del Estado al verse impotentes de hacerse cargo de la misma y se procedió a la expulsión de un inmigrante por incurrir en comportamiento violento. Según fuentes de ACCEM, esta es la segunda vez que un usuario tiene que ser expulsado del campamento por comportamiento violento.

Ante esta situación, Felipe Saura, coportavoz de la Plataformaha afirmado que “las noticias surgidas en relación a los hechos violentos acaecidos en el CETI de Cartagena, muestran que ya nadie puede negar no sólo que en su interior se ponen de manifiesto situaciones de violencia ocultadas por el Ministerio, sino que se está causando un grave peligro de seguridad ciudadana a toda Cartagena. Llevamos meses temiendo por nuestra seguridad y, ahora, tenemos más razones que nunca”.

En los siete  meses que lleva abierto el campamento, se han acogido en el CETI a más de 2.000 inmigrantes ilegales sin que nadie conozca los antecedentes policiales, judiciales y penales de los mismos, su actual paradero ni lo que están haciendo ahora mismo por las calles.

“Es una grave irresponsabilidad que el Ministerio de Inclusión Social, además de traer a la península a miles de inmigrante ilegales de origen y antecedentes desconocidos acogidos en campamentos situados en núcleos urbanos como el del CETI de Cartagena, no sea él mismo quien gestione el campamento junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No, en su lugar el Ministerio cede la gestión de las instalaciones y de los miles de inmigrantes ilegales acogidos a asociaciones privadas con intereses privados.”

“Y es que, cuando salen del CETI, los inmigrantes ilegales tienen libertad de circulación y no quedan bajo la supervisión de ninguna entidad. Esta situación está provocando miedo en los vecinos que temen por su integridad física y por la de sus familias”.

“La propia ACCEM, asociación privada responsable de la gestión del campamento, ha reconocido con sus actos que no puede garantizar la seguridad ni el orden en su interior, dado que tiene que llamar a los cuerpos de seguridad del Estado”.

“Ante estos graves hechos y sus previsibles consecuencias, vemos que las Administraciones Públicas muestran una sorprendente inacción. Por ello, desde la Plataforma 'NO AL CETI' nos hemos visto obligados a tomar la iniciativa y a solicitar acciones concretas”.

En consecuencia, Saura informa que “hemos solicitado formalmente por escrito presentado ante la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia que agentes de la Guardia Civil entren de forma permanente al CETI para que se cumpla el deber de garantizar el orden público”.

“También hemos pedido que se informe sobre el paradero de las dos personas expulsadas del CETI por comportamiento violento, así como de si se han adoptado medidas de seguridad y localización de los mismos”.

 

“Finalmente, nos parece muy grave que ante episodios de violencia o inadaptación protagonizados por alguno de los acogidos en el CETI, la actuación de la asociación privada que lo gestiona sea su expulsión del centro en lugar de su entrega inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a las autoridades inmigratorias para que adopten las medidas de seguridad o deportación que procedan”, ha terminado afirmando Saura.