PRIMERA CONDENA EN COSTAS A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
PRIMERA CONDENA EN COSTAS A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
La Federación Sindical FSES celebra la reciente resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, que ha condenado a la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa al pago de las costas judiciales en un caso en el que un trabajador público reclamaba el reconocimiento de la retroactividad de cinco años en el cobro del grado personal.
Este fallo marca un hito, ya que se trata de la primera condena en costas impuesta a la Consejería de Hacienda en un procedimiento de estas características, un tipo de caso que ha sido y sigue siendo frecuente. En esta ocasión, la Administración autonómica reconoció finalmente la pretensión del demandante fuera del procedimiento judicial y apenas unos días antes de la celebración del juicio, lo que motivó que el juzgado apreciara una conducta administrativa dilatoria y la condenara al abono de las costas del proceso.
Desde el sindicato denunciamos que este tipo de prácticas son recurrentes, obligando a los trabajadores a acudir a los tribunales para obtener derechos que deberían reconocerse en vía administrativa sin necesidad de litigios. Refiere el Auto expresamente que "debemos acceder a la solicitud de condena en costas a la parte demandada. Debemos acceder ya que, como afirma la recurrente, el objeto del litigio ha sido aceptado en resolución posterior a la presentación de la demanda, existiendo inacción de la administración demandada entre tanto. Por tanto, si la administración hubiera resuelto en plazo o, en su defecto, en un plazo prudente y no una vez presentada la demanda origen de los autos que nos ocupan, habría evitado que la parte recurrente hubiera tenido que acudir a esta sede para obtener lo que pudo obtener en vía administrativa".
El procedimiento ha sido llevado por la asesoría jurídica de FSES (ANPE + SATSE), reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores públicos murcianos. Seguiremos vigilantes y denunciando estos abusos administrativos que generan costes y retrasos innecesarios en el reconocimiento de derechos legítimos.