Trabajadores del Sector Protección de Menores y Reforma Juvenil exigen en la Asamblea Regional condiciones laborales y salariales dignas
Trabajadores del Sector Protección de Menores y Reforma Juvenil exigen en la Asamblea Regional condiciones laborales y salariales dignas
Una moción del Grupo Mixto reclama al Gobierno regional una revisión urgente del modelo de financiación de estos servicios
Las organizaciones sindicales UGT, CCOO, USO y la Asociación de Trabajadores del Sector de Protección de Menores y Reforma Juvenil se han concentrado hoy a las puertas de la Asamblea Regional para exigir medidas urgentes para garantizar condiciones dignas en el sistema de protección y reforma de menores en la Región y la aplicación del V Convenio Colectivo Estatal, en vigor desde enero de 2026.
Hay que recordar que el colectivo lleva años reclamando la dignificación del sector y la aplicación de la normativa, dado que la concesión del servicio por parte la Comunidad Autónoma se deja en mano de las empresas y organizaciones que hacen de su capa un sayo y tienen a las y los empleados en condiciones laborales y económicas deplorables.
Precisamente hoy la Asamblea Regional ha debatido una moción del Grupo Parlamentario para exigir al Gobierno regional una revisión urgente del modelo de financiación de los servicios de protección y reforma de menores, actualmente gestionados en su mayoría mediante conciertos sociales con entidades privadas sin ánimo de lucro.
La moción recrimina que, pese a tratarse de un servicio público esencial y obligatorio, reconocido por la propia Administración regional, la Comunidad Autónoma, no ha incorporado en sus presupuestos las partidas necesarias para aplicar las mejoras salariales previstas en el V Convenio Colectivo.
Además, expone que esta situación está provocando que numerosos trabajadores y trabajadoras del sector continúen percibiendo salarios inferiores a los pactados en convenio, especialmente en los ámbitos de protección y reforma en medio abierto. En algunos casos, un profesional con titulación universitaria percibe alrededor de 1.260 euros netos mensuales, una cifra que apenas supera los umbrales fijados por la propia Administración para el Ingreso Mínimo Vital.
La moción sostiene que el actual sistema traslada a las entidades adjudicatarias la imposibilidad de cumplir los acuerdos laborales alcanzados en negociación colectiva, mientras la Administración, como financiadora y responsable última del servicio, condiciona el pago de los conciertos sociales a la aprobación anual de los presupuestos regionales.
Entre las medidas propuestas, la moción plantea actualizar las tarifas de los conciertos sociales para garantizar el cumplimiento del convenio colectivo, crear una mesa tripartita con Administración, empresas y representantes de los trabajadores, implantar un sistema de pago directo a los profesionales similar al de la educación concertada y avanzar hacia una red pública regional de gestión directa.
Asimismo, se solicita al Gobierno de España la elaboración de una ley estatal básica que armonice los criterios laborales, organizativos y de financiación de los servicios de protección y reforma de menores en todo el territorio nacional.
Precariedad laboral en detrimento de la calidad del servicio
Las organizaciones convocantes recuerdan que la precariedad laboral repercute directamente en la calidad de la atención a menores, favoreciendo la alta rotación de profesionales y dificultando la cobertura de vacantes, lo que afecta a la relación de con las y los menores, que tienen que adaptarse constantemente a nuevos profesionales. Y todo ello en un sector especialmente sensible y de alta responsabilidad social.
Tras años de lucha incansable para conseguir unas mejoras que nunca llegan, el colectivo solicita la aplicación inmediata del V Convenio Colectivo y exige al Gobierno regional que supervise los conciertos y el cumplimiento de los pliegos de condiciones y advierten que no van a parar hasta conseguir que nadie siga pisoteando sus derechos.