UGT exige que los nuevos fondos de Dependencia se destinen a reducir las listas de espera en Murcia

El sindicato reclama que la financiación estatal se sume a la aportación autonómica y se emplee en reforzar las plantillas del IMAS, mejorar las condiciones laborales y aumentar las plazas públicas.

UGT Servicios Públicos ha pedido al Gobierno de la Región de Murcia que los fondos que reciba la Comunidad tras la aprobación en el Congreso de una inversión de 6.200 millones de euros para la Ley de Dependencia se destinen íntegramente a transformar y reforzar el actual modelo de atención.

El sindicato advierte de que esta financiación no debe utilizarse para equilibrar las cuentas regionales ni sustituir los recursos que ya aportaba la Comunidad Autónoma. Por el contrario, reclama una ampliación presupuestaria real que permita reducir las listas de espera y mejorar la calidad de los servicios.

«No vamos a permitir que el dinero que viene de Madrid sirva para que la Comunidad Autónoma se ahorre su parte. Si el Estado aumenta la financiación, el Gobierno regional debe mantener la suya», ha señalado Lola Vilella, responsable del área de Dependencia de UGT Servicios Públicos en la Región de Murcia.

La organización sindical considera que la aprobación de estos fondos puede representar un cambio importante para el sistema, aunque sostiene que sus efectos dependerán de la manera en la que el Ejecutivo regional gestione y distribuya el dinero.

UGT denuncia una espera media de 552 días

UGT sostiene que las personas dependientes de la Región de Murcia esperan una media de 552 días para recibir atención y sitúa la tasa de desatención cerca del 19%.

Según Vilella, estos datos reflejan una situación «insostenible» y convierten la nueva financiación en una oportunidad para agilizar los expedientes y ofrecer una respuesta más rápida a las familias.

Entre las primeras medidas planteadas por el sindicato figura el refuerzo estructural de las plantillas del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), especialmente en los puestos técnicos, de valoración y de trabajo social.

UGT considera que el incremento de personal es indispensable para acelerar la tramitación de las solicitudes, reducir las demoras acumuladas y garantizar que las ayudas lleguen a sus destinatarios.

Cláusulas sociales en residencias y ayuda a domicilio

La organización también reclama que las licitaciones y los convenios relacionados con el Servicio de Ayuda a Domicilio, las residencias y la teleasistencia incluyan cláusulas sociales obligatorias.

Estas condiciones deberían garantizar, según UGT, el mantenimiento de las partidas propias que la Comunidad Autónoma ya destinaba a estas prestaciones, así como el cumplimiento de unas condiciones laborales y salariales adecuadas.

El sindicato critica el funcionamiento de parte del sector residencial privado y denuncia que la búsqueda de rentabilidad puede traducirse en plantillas insuficientes y retribuciones próximas al salario mínimo.

Por este motivo, propone aumentar las plazas públicas, actualizar las ratios de personal e incrementar la presencia de profesionales especializados en la atención directa. «No sirve de nada tener un centro abierto si no hay suficientes manos para atender a las personas mayores», sostiene la organización.

Más teleasistencia y atención en los domicilios

UGT defiende un modelo que no dependa exclusivamente de las grandes residencias. Entre sus propuestas se encuentra extender la teleasistencia avanzada a todos los municipios y hogares de la Región, además de reforzar el Servicio de Ayuda a Domicilio.

La organización reclama que los trabajadores de estos servicios cuenten con mayor estabilidad, mejores salarios y unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad que asumen en el cuidado diario de personas dependientes.

También solicita que el 70% de la nueva financiación repercuta directamente en las nóminas de los profesionales, la estabilidad de las plantillas y la calidad de la atención.

Un observatorio para controlar los recursos

El sindicato propone crear un Observatorio Autonómico de los Cuidados con participación de las administraciones, las universidades y las organizaciones sindicales.

Este órgano tendría como funciones analizar la evolución del empleo, anticipar las necesidades del sistema y supervisar el destino de los recursos públicos. UGT también plantea potenciar la negociación colectiva sectorial como herramienta para mejorar la atención y las condiciones de los profesionales.

Además, reclama que la Comunidad publique anualmente y de manera accesible la financiación recibida del Estado, el gasto por usuario, los costes salariales efectivos y el destino final de las partidas ejecutadas.

UGT Servicios Públicos ha anunciado que vigilará la distribución de los fondos, los pliegos de condiciones y las futuras licitaciones para comprobar que la financiación tenga carácter finalista y se traduzca en mejoras efectivas para las personas dependientes, sus familias y los trabajadores del sector.