UGT Servicios Públicos lamenta que casi 2 años más tarde el informe definitivo del Servicio de PRL no ponga luz sobre el presunto acoso laboral en el Centro de Discapacidad de Churra

 

 

 

 

UGT Servicios Públicos lamenta que casi 2 años más tarde el informe definitivo del Servicio de PRL no ponga luz sobre el presunto acoso laboral en el Centro de Discapacidad de Churra

 

El sindicato ha tenido constancia de la existencia de 2 informes del equipo multidisciplinar sobre presunto acosado y acosadores que se contradicen

 

UGT Servicios Públicos, tras tener conocimiento de los informes elaborados por el equipo multidisciplinar que estudia el presunto caso de acoso laboral en el Centro de Discapacidad de Churra, dependiente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), lamenta que tras más de 20 meses no se haya puesto luz a este asunto y critica la filtración a medios de comunicación de otro informe del Servicio de Prevención y Riesgos Laborales (PRL) de Función Pública, en noviembre de 2025, que puso en tela de juicio la presunción de inconciencia de las y los trabajadores del centro señalados. 

 

Hay que recordar que la filtración de dicho informe provocó un gran revuelo mediático al hablar de “las faltas de respeto, los insultos y los destrozos al vehículo del director, de baja por salud mental” desde abril de 2024  y señalar que, al menos, desde el año 2014 se venían arrastrando diferentes conflictos psicosociales: conflictos interpersonales entre auxiliares y la dirección, sobrecarga de trabajo, agresiones a usuarios, desconfianza entre profesionales y casi la ausencia de una organización laboral.  

 

Ante estas graves acusaciones, la consejería de Política Social, Familias e Igualdad se vio obligada a emitir un comunicado negando tener “constancia de situaciones de maltrato o de trato vejatorio a los usuarios del centro. El cuidado de los residentes siempre ha estado garantizado y son atendidos con la profesionalidad y especialización que requieren, gracias a un gran equipo de profesionales que se implican en su cuidado, en fomentar su autonomía y en mejorar su calidad de vida” e indicando que el presunto caso de acoso laboral estaba en procedimiento de investigación y que una vez hubiese concluido se iniciarían las acciones administrativas o penales oportunas, velando por la protección de usuarios y trabajadores. 

 

Pues bien, una vez conocido el resultado de la investigación, cabe resaltar que en ningún momento se plantea la desprotección del presunto acosado, pero es notorio leer como, desde el 2014, vienen ocurriendo episodios que podrían ser constitutivos de delito y quien ostenta la potestad organizativa y de dirección, tanto del centro como del personal que trabaja a su cargo, no notifica nada a las autoridades, algo que  confirma el propio comunicado de la consejería y que no deja de sorprender a UGT Servicios Públicos, ya que se estaría omitiendo el deber de denuncia ante un delito. 

 

UGT Servicios Públicos espera que, antes de adoptar las acciones administrativas o penales oportunas, la Comunidad Autónoma depure las responsabilidades tanto del presunto acosado como de los presuntos acosadores o acosadoras, ya que el término acoso vertical ascendente, además de no existir ni un solo caso en España, es una autentica aberración laboral. 

 

De igual forma, este sindicato espera que el órgano competente depure también las filtraciones de documentos públicos protegidos, porque en una sociedad democrática no cabe utilizar herramientas consensuadas de buena fe para vendettas, escarnios o actos ególatras.