Huermur y colectivos memorialistas advierten: Avalar los derribos de la Cárcel Vieja supondría convertir la Ley de Memoria Democrática en papel mojado
Huermur y colectivos memorialistas advierten: Avalar los derribos de la Cárcel Vieja supondría convertir la Ley de Memoria Democrática en papel mojado
La defensa de los muros ya está judicializada en el TSJ de Madrid, por lo que si ahora quieren avalar el derribo supondría comprometerse al propio Ministerio en una defensa pública y judicial de su demolición, dejando por escrito, en sede judicial, que el Estado renuncia a proteger una parte esencial de la memoria democrática.
La resolución ministerial, firmada al parecer desde el 2 de junio y aún sin publicar, amenazaría con sentar un peligroso precedente que permitiría borrar otros lugares de memoria en toda España.
Murcia, 18 de junio de 2025.
La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) y la Asociación para la Memoria del Sureste han dirigido una carta urgente al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ante la posibilidad de que su departamento avale el derribo de los muros históricos de la Antigua Prisión Provincial de Murcia —conocida como la Cárcel Vieja— en el marco del proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Murcia.
Los colectivos denuncian que esta decisión, si se consuma, “convertiría la Ley 20/2022 de Memoria Democrática en papel mojado”. “De nada sirve declarar un Lugar de Memoria si después se permite su desmantelamiento por intereses locales”, han afirmado, advirtiendo de que este caso marcará un precedente temerario y peligroso para toda España.
El documento, firmado por ambas entidades, recuerda que el propio Secretario de Estado ordenó por escrito el pasado 4 de febrero la paralización de los derribos. Por ello, sorprende que ahora se baraje desde el Gobierno central una postura que implica dar luz verde al mismo plan contra el que se actuó hace tan solo unos meses. Algo que se deberá aclarar en las instancias oportunas.
Además, las organizaciones subrayan que el asunto se encuentra judicializado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se está tratando la protección expresa de los muros como parte integrante del Lugar de Memoria Democrática. En este contexto, avalar el derribo y el proyecto del gobierno local del ayuntamiento supondría comprometerse al propio Ministerio en una defensa pública y judicial de su demolición , dejando por escrito, en sede judicial, que el Estado renuncia a proteger una parte esencial de la memoria democrática, con lo que ello conlleva.
“Queremos que se tenga presente que mientras esta parte defenderá los valores del conjunto carcelario y sus valores históricos, culturales, sociales y memorialistas en los tribunales, la Abogacía del Estado —en representación del Ministerio y del gobierno central— se vería obligada a defender lo contrario: que se derriben los muros donde se fusiló y represalió a más de 500 personas”, alerta el escrito.
En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, señalando que “hace años ya dijimos que usaríamos por activa o por pasiva cualquier herramienta legal que estuviera a nuestro alcance para impedir que el ayuntamiento consumase el derribo de los muros del histórico edificio de la Cárcel Vieja de Murcia, un inmueble singular que forma parte del patrimonio cultural de toda la ciudanía”.
Huermur y MS exigen que no se permita “borrar los rastros de la represión, la historia y el horror que tuvo lugar dentro de esos muros” y advierten de que sustituir los muros originales por elementos decorativos como vigas metálicas o marcas en el suelo es una “frivolidad inaceptable que vacía el contenido de los principios de la Ley de Memoria”.
La resolución del Ministerio, firmada desde el 2 de junio, permanece —según denuncian— “escondida en un cajón de Madrid” sin comunicación oficial, lo que incrementa la preocupación por una posible maniobra discreta para avalar el proyecto de demolición del consistorio murciano gobernado por el PP.
Las asociaciones instalan al ministro Torres a “actuar con responsabilidad histórica” y evitar que su Ministerio se convierta en el primero en incumplir la propia Ley de Memoria Democrática, dando carta blanca a futuros derribos similares en todo el país.
Por último, Huermur ha incidido en que “los muros y estructuras de esta prisión no son solo testigos de un pasado oscuro y represivo, sino también un elemento clave de la identidad patrimonial de nuestra ciudad”.
