UGT Servicios Públicos plantea iniciar acciones legales contra el alcalde de Caravaca por vulneración de derechos fundamentales y presunta prevaricación administrativa
UGT Servicios Públicos plantea iniciar acciones legales contra el alcalde de Caravaca por vulneración de derechos fundamentales y presunta prevaricación administrativa
Tras varias semanas en las que los agentes de Policía Local de Caravaca de la Cruz vienen sufriendo nombramientos de servicio en su tiempo libre, con resoluciones arbitrarias en forma de Decreto de alcaldía, hasta el momento 45, UGT Servicios Públicos se plantea iniciar acciones legales contra el alcalde de la localidad, José Francisco García, por vulneración de derechos fundamentales y presunta prevaricación administrativa.
Al respecto, indicar que en las últimas dos semanas han tenido lugar sendas reuniones con el alcalde en las que no se ha producido el más mínimo avance, dado que no acepta ninguna propuesta de los delegados sindicales, ni tampoco propone alternativa alguna.
Así, la plantilla de Policía Local critica la demagogia de una alcalde con dos caras: una ante los medios de comunicación y redes sociales, donde se muestra abierto a dialogar y negociar, e incluso se atreve a mentir cuando afirma que se han concedido cuatro de las cinco propuestas presentadas el pasado año; y otra, cuando se sienta en una mesa con los representantes de las y los trabajadores, donde los recibe con mentiras y amenazas de echar al pueblo encima del cuerpo o de suprimir derechos laborales consolidados, en el caso de que los agentes sigan con las reivindicaciones.
UGT y CCOO insisten en que la unión de la plantilla de la Policía Local de Caravaca de la Cruz es absoluta y no está dispuesta a que la actitud caciquil del alcalde tuerza la voluntad de unas trabajadoras y trabajadores que consideran sus reivindicaciones justas y legítimas.
Por todo ello, hoy, 17 de abril se han vuelto a concentrar en la avenida Juan Carlos I de la localidad y han exigido, de nuevo, una negociación justa donde se aborde la equiparación salarial al resto de municipios de la comarca, la recuperación de la jornada laboral de 35 horas (perdida años atrás) y el fin de las resoluciones arbitrarias en forma de decretos de la alcaldía, mientras los servicios jurídicos de UGT ultiman la preparación de acciones legales en vía judicial.
