REFERENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

26.03.2026 El Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy jueves, 26 de marzo de 2026, ha impulsado la puesta en marcha de un paquete de medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio en los sectores más afectados por la subida del precio de los carburantes y la electricidad, como pymes, autónomos, agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas y empresas exportadoras.

Además, en el ámbito de la educación superior, el Ejecutivo regional ha aprobado la concesión de subvenciones directas a las universidades públicas de la Región de Murcia, por un importe global de más de 246 millones de euros, lo que permitirá garantizar los recursos necesarios a la Universidad de Murcia (UMU) y a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) durante el presente curso académico.

Igualmente, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una subvención directa por un importe global de 402.000 euros a los ayuntamientos de Cartagena y de Abanilla para sufragar los gastos de mantenimiento de 191 plazas de 0-3 años en cinco escuelas infantiles municipales.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde, entre otros asuntos, a un convenio para la creación y funcionamiento de la Escuela de Práctica Profesional de Emergencias y Seguridad de la Universidad de Murcia, cuyo fin es facilitar conocimientos de tipo teórico, técnico, operativo y práctico a graduados universitarios y a profesionales del ámbito de la seguridad y las emergencias.

El Gobierno regional activa un paquete de medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio

El Gobierno regional ha impulsado la puesta en marcha de un conjunto de acciones dirigidas a paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio en los sectores más afectados por la subida del precio de los carburantes y la electricidad, como pymes, autónomos, agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas y empresas exportadoras, entre otros.

El Ejecutivo regional prevé movilizar inicialmente diez millones de euros con estas medidas, que actuarán como escudo económico y social para proteger a los más perjudicados y que se ampliarán en función de la evolución de la situación.  

Las medidas previstas incluyen el fraccionamiento de tributos, líneas de crédito y un mecanismo extraordinario de anticipo de liquidez dirigido al tejido empresarial, así como el ‘Cheque Internacionalización’, una línea de ayudas a la internacionalización denominada ‘Make-Ayudas’, el refuerzo de los servicios de asesoramiento, promoción e informaciones a empresas, ayudas al autoconsumo y la eficiencia energética para pymes y el impulso de los Certificados de Ahorro Energético.

Así, la mejora de las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos y otros ingresos autonómicos afectará, por ejemplo, al impuesto sobre trasmisiones y actos jurídicos documentados o al impuesto sobre sucesiones.

En materia financiera, el Gobierno regional pondrá a disposición de pymes y autónomos una línea de crédito de dos millones de euros, ampliable hasta cuatro, dirigida a aquellos que se han visto afectados por la situación en Oriente Medio. Se trata de financiación 100% avalada y sin coste adicional para las empresas, canalizada a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia.

Cada operación podrá alcanzar hasta los 50.000 euros, con un plazo máximo de devolución de cinco años y la posibilidad de un año de carencia en la amortización. La Comunidad asumirá los intereses generados durante el primer año de vida del préstamo, así como los gastos derivados de la comisión de estudio. Con esta medida el Ejecutivo regional actúa con anticipación para proteger al tejido empresarial, ofreciendo liquidez inmediata que permita amortiguar el impacto de la subida de precios y la posible paralización de la actividad en mercados estratégicos.

Además, para evitar a las empresas unos costes inasumibles derivados del precio del gasóleo, el Gobierno regional pondrá en marcha un mecanismo extraordinario de anticipo de liquidez dirigido al tejido empresarial afectado, dotado con tres millones de euros. Esta medida, instrumentalizada a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) y con una duración máxima de un año, permitirá garantizar la estabilidad financiera de las empresas y proteger el empleo.

Por otra parte, a través del Instituto de Fomento se prevé la movilización de 2.550.000 euros mediante actuaciones como el ‘Cheque Internacionalización’ y las ayudas destinadas a las acciones promocionales o participación en ferias, además de activar otra línea de ayudas a la internacionalización denominada ‘Make-Ayudas’.

Igualmente, se contemplan ayudas al autoconsumo y eficiencia energética para pymes de los sectores industrial y terciario con actividad en la Región, especialmente aquellas con mayor exposición al coste energético, dotadas con 1,8 millones de euros para eficiencia energética y con 3,5 millones de euros para autoconsumo fotovoltaico.

También se reforzarán los servicios de asesoramiento, promoción e información a empresas y se impulsarán los Certificados de Ahorro Energético (CAE), un mecanismo que permite a las pymes convertir el ahorro energético en ingresos mediante la generación y venta de certificados en el mercado.

Universidades

El Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con las universidades públicas con más de 246 millones en 2026

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha aprobado los decretos de concesión de subvención directa a las universidades públicas de la Región de Murcia, por un importe total de 246.424.513 euros, para afrontar el presente curso académico.

Estas subvenciones ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno regional con la educación superior pública y garantiza los recursos necesarios a la Universidad de Murcia (UMU) y a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) durante el ejercicio 2026, a la vez que fortalecen la autonomía académica.

En concreto, la Universidad de Murcia recibirá una subvención nominativa de 192.476.798 euros, mientras que la Universidad Politécnica de Cartagena contará con 53.947.715 euros. Estas cuantías permiten atender gastos estructurales esenciales, incluyendo los de personal, mantenimiento de infraestructuras, servicios universitarios y actividades académicas e investigadoras.

La tramitación de estas ayudas mediante subvención directa responde a la situación excepcional derivada de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025 durante el ejercicio 2026.

De este modo, el Ejecutivo regional garantiza que ambas universidades dispongan de la financiación necesaria para el normal desarrollo de su actividad y para seguir prestando un servicio público esencial en el ámbito docente, investigador y de transferencia del conocimiento.

Emergencias

Luz verde a la creación de la Escuela de práctica profesional de emergencias y seguridad de la UMU

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, ha dado luz verde al convenio para la creación y funcionamiento de la Escuela de Práctica Profesional de Emergencias y Seguridad de la Universidad de Murcia (UMU).

El acuerdo establece las bases de la colaboración con la UMU para la puesta en marcha de esta escuela, cuyo fin primordial es facilitar los conocimientos de tipo teórico, técnico, operativo y práctico necesarios a los graduados universitarios, así como a profesionales en el ámbito de la seguridad y las emergencias.

Su creación se enmarca en la Ley de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia, que establece el conjunto de actuaciones a realizar por las distintas administraciones públicas con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente en la prevención, protección y socorro de las personas y bienes en situaciones de riesgo, emergencia y catástrofe que puedan producirse en la Región.

Esta normativa atribuye a la Comunidad la promoción, elaboración e impartición de programas, cursos y otras actividades formativas para los diferentes colectivos relacionados con la gestión de emergencias y protección civil, así como la participación y promoción de estudios, investigaciones y proyectos relacionados con la gestión de emergencias y protección civil.

De esta forma, la creación de una Escuela de Práctica Profesional de Emergencias y Seguridad, adscrita a la Facultad de Medicina, constituye un instrumento idóneo para favorecer que los graduados y profesionales tengan la oportunidad de adquirir una experiencia práctica valiosa, supervisados por personal técnico competente, y para que los profesionales en materia de emergencias y seguridad tengan a su vez la oportunidad de colaborar en la formación de futuros colegas y asegurar que estos tengan la formación adecuada para ofrecer servicios de calidad en estos campos.

En el marco de este acuerdo, la Comunidad colaborará con la UMU en labores de promoción y difusión de las actividades que lleve a cabo la Escuela. Asimismo, propondrá los profesionales relacionados con las actividades de emergencias y seguridad ciudadana con reconocida solvencia y con experiencia práctica para que colaboren en la formación que se imparta. Además, el convenio prevé la participación de la Comunidad en la elaboración del reglamento de régimen interno y en los órganos de gobierno de la Escuela.

Atención a la ciudadanía

Las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía aumentan un 69 por ciento la atención preferente a colectivos vulnerables

Las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) atendieron un total de 1.420 citas preferentes para colectivos vulnerables durante el pasado 2025, lo que supone un incremento del 69 por ciento con respecto al año anterior.

Así se desprende de la Memoria de Actuaciones del Servicio de Atención a la Ciudadanía correspondiente al pasado año y de la que la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital ha dado cuenta al Consejo de Gobierno. Incluye las principales actuaciones llevadas a cabo y que se articulan a través del Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía 2025-2027, el denominado Plan ‘Implica2’.

El documento muestra que las oficinas gestionaron más de un millón de citas previas durante 2025 (1.053.554), de las que cerca de un 30 por ciento (306.711) se prestaron de forma inmediata para favorecer la inclusión a personas que acudieron sin cita.

La inclusión es, precisamente, uno de los ejes del Plan ‘Implica2’, que incluye otras medidas como la instalación en las oficinas de bucles magnéticos para las personas con déficit de la capacidad auditiva; un servicio de intérprete de lengua de signos y mediador de comunicación para lectura de labios o el servicio de teletraducción multilingüe en diferentes idiomas.

Además, y en colaboración con entidades y organizaciones especializadas en la atención de la discapacidad, durante 2025 se realizaron diversas acciones formativas específicas para mejorar la capacitación y sensibilización de los empleados públicos en materia de accesibilidad.

Todas estas medidas, a las que hay que sumar la renovación de la imagen de los espacios del SAC para facilitar su identificación por estos colectivos, llevaron a que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (CERMI-RM) distinguiese a las oficinas de este departamento como ‘Oficinas Accesibles’.

En el primer año de aplicación del Plan ‘Implica2’ también se ha logrado que siete de cada diez trámites se realicen ya de manera electrónica. En concreto, 1.110.549 de un total de 1.535.400 registros se realizaron a través de esta vía durante el pasado año.

En lo que se refiere a la atención telefónica, el 012 atendió un total de 514.956 consultas con un tiempo medio de espera de solo 15 segundos y un grado de satisfacción por parte de los usuarios que superó los nueve puntos sobre 10.

La novedosa Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC) creció un 66 por ciento y alcanzó las 284 atenciones por videollamada para ciudadanos que lograron resolver sus consultas o realizar sus trámites sin necesidad de desplazarse.

Los Servicios de Respuesta Inmediata (SERI) resolvieron al momento trámites críticos, como la expedición de 3.044 nuevos títulos de familia numerosa o la renovación de otros 19.044. Además, el SAC impulsó la economía digital mediante 7.497 inscripciones en el sistema Cl@ve.

La memoria de 2025 de la Inspección General de Servicios destaca que el uso intensivo de la tecnología redujo la burocracia administrativa

La memoria del año 2025 de la Inspección General de Servicios destaca cómo el uso intensivo de la tecnología redujo la burocracia administrativa durante el pasado ejercicio, en el ámbito de la tarea permanente de inspección de los servicios, asesoramiento, racionalización y simplificación de los procedimientos, dirigidos a mejorar la calidad de los servicios públicos.

Esta es una de las principales conclusiones del documento, elaborado por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios.

El informe, del que se ha dado cuenta al Consejo de Gobierno, señala que el decreto de Simplificación Administrativa ha contribuido a consolidar la Inspección General de Servicios como un motor de la reforma y modernización de la administración y especifica algunas de las medidas e iniciativas desarrolladas durante el pasado 2025. Se trata de actuaciones para simplificar, tanto en el procedimiento, para reducirlos o que sean más sencillos, como en los trámites y la documentación. En definitiva, asume como una de sus funciones la mejora de la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía.

El texto cita, por ejemplo, la Plataforma de Interoperabilidad y Datos, que en 2025 ha añadido otros 10 nuevos certificados (como la vida laboral o datos de residencia del INE) y alcanza ya los 80 servicios de consulta. Durante el 2025, la Inspección General de Servicios autorizó el acceso a 441 servicios de consulta para 143 procedimientos distintos, evitando así que los ciudadanos tuviesen que aportar de nuevo documentos que la Administración ya posee.

También se revisaron e informaron 90 formularios electrónicos específicos y se registró un elevado uso de las herramientas de ‘back-office’ como la Carpeta Ciudadana (1.058.004 accesos) o la Carpeta Empresarial (35.253 accesos), que integra todas las relaciones que se produzcan entre los empresarios y la Administración regional a lo largo de la vida de la sociedad.

 

 

 

Educación

Más de 400.000 euros para financiar gastos de mantenimiento de 191 plazas en cinco escuelas infantiles municipales de Cartagena y Abanilla

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación y Formación Profesional, ha dado el visto bueno a la concesión de una subvención directa, por un importe global de 402.000 euros, a los ayuntamientos de Cartagena y de Abanilla para sufragar los gastos de mantenimiento de 191 plazas de 0-3 años en cinco escuelas infantiles municipales.

Las subvenciones están destinadas a abonar gastos de personal, maestros y educadores infantiles, y gastos de funcionamiento, como suministros, limpieza y material, correspondientes a los meses de marzo a mayo. Además, estas subvenciones permiten que las escuelas infantiles sean gratuitas para las familias.

El Ayuntamiento de Cartagena recibirá una subvención de 371.302 euros para el mantenimiento de las escuelas infantiles municipales Villalba, con 28 plazas; Bambi, con 74 plazas; Barrio Peral, con 15 plazas; y La Concepción, con 33 plazas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Abanilla recibirá 30.700 euros para el mantenimiento de la nueva escuela infantil municipal, durante los meses de marzo, abril y mayo. La construcción de la escuela ha supuesto una inversión de 600.000 euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a través de la concesión de una subvención directa de la Comunidad al Ayuntamiento de Abanilla. La escuela, ubicada en el camino de los Pereteros, cuenta con tres unidades de Educación Infantil de primer ciclo, un aula para niños de 0-1 años, otra para niños de 1-2 años y una unidad de 2-3 años, con un total de 41 plazas.  

La creación de nuevas plazas de 0-3 años forma parte del programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, financiado por la Unión Europea.

El Gobierno regional ha incrementado este curso en más de 1.000 el número de plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años en toda la Región, hasta superar las 8.700 plazas en colegios públicos, las 14 escuelas infantiles de la Comunidad, escuelas infantiles municipales reconvertidas de titularidad y gestión de los ayuntamientos, colegios concertados y escuelas infantiles privadas. En total, más de 50 nuevas aulas ofrecen por primera vez plazas de 0-3 años gratuitas.

Además, el Ejecutivo regional se hará cargo este año de la financiación de las cerca de 3.000 plazas de 0-3 años de escuelas municipales infantiles gratuitas, que se crearon con fondos europeos MRR. Para el mantenimiento de estas plazas, cuya financiación finaliza este curso, se destinarán más de 6,2 millones de euros de fondos propios.

Estas plazas formaban parte de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) municipales y se han reconvertido en escuelas infantiles municipales con el fin de poder implantar las enseñanzas vigentes correspondientes a la etapa educativa del primer ciclo de Educación Infantil.

Renovación de representantes

Relevo del representante de las organizaciones agrarias en el Consejo Económico y Social

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, ha dado el visto bueno al relevo del representante de las organizaciones profesionales agrarias de la Región de Murcia en el Consejo Económico y Social (CES). Así, se acuerda el cese del actual representante del sector agro, José Miguel Marín Marín, y el nombramiento de su sustituto, Marcos Alarcón Alarcón.

El relevo responde al acuerdo alcanzado en 2023 por las organizaciones agrarias con representación en el CES, como son la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA Murcia); la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural de Murcia (COAG-IR), y la Unión de Pequeños Agricultores de Murcia (UPA).

Este acuerdo establecía un procedimiento de participación rotatoria en el CES y señalaba que la plaza la ocuparía en primer lugar José Miguel Marín, designado por COAG-IR, para posteriormente ser sustituido por Marcos Alarcón, candidato designado en este caso por la organización UPA.

El Consejo Económico y Social es un órgano colegiado de carácter consultivo del Consejo de Gobierno en materia socioeconómica y laboral que cuenta con un total de 24 miembros. Ocho de ellos están designados directamente por las organizaciones sindicales y otros ocho representan a las organizaciones empresariales, mientras que los ocho restantes representan a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Región; a las asociaciones de consumidores y usuarios; a las organizaciones agrarias; al sector de la economía social; a la Federación de Municipios de la Región y al sector de las organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad. A estos seis representantes se suman dos expertos en materia socioeconómica y laboral que completan el Consejo Económico y Social.