La Asamblea exige a Sánchez que considere al litoral de la Región de Murcia como “área de especial presión criminal” en la lucha contra el narcotráfico

Casajús_Pleno

La Asamblea exige a Sánchez que considere al litoral de la Región de Murcia como “área de especial presión criminal” en la lucha contra el narcotráfico

 

“No es aceptable ni justo que quienes hacen el juramento de entregar su vida en defensa de España, lo hagan con medios claramente insuficientes frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas”, señala Casajús

 

“Mientras la actividad criminal se desplaza, adapta y expande allí donde encuentra menor resistencia, el ministro Marlaska le pone puente de plata desmantelando una unidad tan eficaz como el OCON-SUR”, denuncia

 

10 de junio de 2026.- El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una moción del Partido Popular para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que considere a determinadas zonas del litoral de la Región de Murcia como “áreas de especial presión criminal”, con “dispositivos específicos de intervención”. También se pide “un refuerzo urgente de la plantilla y de los medios materiales y tecnológicos”, además de “un plan específico de prevención y lucha contra el narcotráfico en el litoral del Levante español”.

 

“No es aceptable ni justo que quienes hacen el juramento de entregar su vida en defensa de España, lo hagan con medios claramente insuficientes frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas”, ha señalado María Casajús, defensora de la iniciativa.

 

“En los últimos años, la propia Guardia Civil ha venido alertando del incremento del narcotráfico en nuestro litoral, con especial incidencia en zonas como Mazarrón, Águilas o el entorno del Mar Menor”, ha subrayado la diputada del PP. “Y frente a todo ello, tenemos unas plantillas que las propias asociaciones profesionales de la Guardia Civil siguen considerando insuficientes, que soportan cada vez más presión operativa, más exposición al riesgo y una amenaza criminal cada vez más sofisticada”, ha añadido.

 

“Según el último informe anual de seguridad nacional, emitido por el Centro de operaciones y vigilancia de acción marítima de la Armada, con base en Cartagena, la Región de Murcia es una de las zonas críticas elegidas por las mafias del narcotráfico para colocar sus alijos”, ha recordado Casajús, que al hilo ha apuntado que “solo en los últimos meses se han producido intervenciones en puntos como Mazarrón y Cartagena, con incautaciones de más de 100.000 pastillas de éxtasis en una sola operación, así como operaciones contra estructuras logísticas en el litoral de Águilas y Mazarrón que evidencian la consolidación de estas redes en tierra y mar”.

 

“Mientras la actividad criminal se desplaza, adapta y expande allí donde encuentra menor resistencia, el ministro Marlaska desmantela una unidad tan eficaz como el OCON-SUR”, ha denunciado la parlamentaria autonómica.

 

Casajús ha incidido en que “frente a embarcaciones de alta potencia, sistemas de navegación avanzados, comunicaciones encriptadas e incluso drones, quienes velan por nuestra seguridad cuentan con medios claramente insuficientes”. “En ocasiones concretas, debido a averías o restricciones operativas, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Región ha contado con una sola lancha, no solo para la lucha contra el narcotráfico, sino también la vigilancia del litoral, la seguridad marítima, control de actividades ilícitas y apoyo a otras emergencias”, ha señalado.

 

“Estamos ante una lucha profundamente desigual entre quienes representan el Estado de derecho, con recursos limitados, presión constante y medios que no siempre están a la altura, y unas organizaciones criminales que operan con estructuras logística avanzadas, tecnología, movilidad y una capacidad de adaptación que evoluciona más rápido que la respuesta institucional”, ha advertido la diputada del PP.

 

“Cuando los medios no crecen al ritmo de la amenaza y cuando la sensación de impunidad se instala en determinados territorios, lo que está en juego es la seguridad, y con ella, la garantía del resto de derechos fundamentales”, ha concluido.