Asociaciones de la región denuncian un “golpe a escondidas” contra el patrimonio cultural de la región de Murcia
Asociaciones de la región denuncian un “golpe a escondidas” contra el patrimonio cultural de la región de Murcia
Los colectivos patrimonialistas alertan de una reforma exprés que vacía de contenido la Ley de Patrimonio Cultural y piden al Gobierno de España que presente un recurso de inconstitucionalidad.
Murcia, 8 de junio de 2025.
Las principales asociaciones en defensa del patrimonio de la Región de Murcia han dado la voz de alarma. Aseguran que el Gobierno regional ha ejecutado un “golpe a escondidas” contra la Ley de Patrimonio Cultural mediante una reforma encubierta, incluida en la conocida como cuarta Ley de Simplificación Administrativa. Un paquete legislativo aprobado por decreto-ley y publicado en pleno puente regional, un sábado, sin debate público ni consulta técnica.
Las organizaciones Huermur, Asociación Cartaginense, Ecologistas en Acción Región de Murcia, Origen, Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete, Lorca por su Patrimonio, Cartagena Ciudad de los Submarinos, Cartagena Futuro, Plataforma Virgen de la Caridad, Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta, AJVA, Amigos de la Historia de Librilla acusan al Ejecutivo autonómico de haber aprovechado el procedimiento de urgencia —reservado legalmente para situaciones excepcionales— para colar una modificación que, según denuncian, debilita gravemente los mecanismos de protección del patrimonio histórico regional.
Uno de los puntos más polémicos es la delegación de competencias clave a los ayuntamientos, que, en palabras de los colectivos, “ni cuentan con personal técnico especializado ni tienen independencia frente a los intereses urbanísticos y especulativos que rodean muchas decisiones locales”. En algunos casos, subrayan, los propios ayuntamientos han sido responsables directos del deterioro de bienes protegidos.
Pero el malestar no termina ahí. La nueva ley también elimina la obligación de incoar expedientes BIC (Bien de Interés Cultural) en un plazo máximo de seis meses tras una solicitud ciudadana, una garantía introducida en 2007 que convertía a la Región en pionera en este tipo de protección activa del patrimonio por parte de la sociedad civil. Para las asociaciones, suprimir esta obligación supone “dejar a los ciudadanos indefensos” ante la inacción de las administraciones.
El procedimiento elegido por el Gobierno regional también ha generado críticas: al tratarse de un decreto-ley tramitado por vía de urgencia, no se han solicitado informes técnicos, jurídicos ni consultivos, ni ha habido exposición pública del texto. "No se ha justificado en ningún momento la urgencia, porque no existía", insisten los portavoces de las asociaciones. “Es un abuso deliberado del procedimiento, y una forma de evitar deliberadamente los controles y garantías que exigen cualquier modificación seria de una ley tan sensible como esta”.
Además, los colectivos denuncian la generalización del silencio administrativo positivo para las tramitaciones urbanísticas, una medida contemplada en la ley que, aplicada al patrimonio, puede suponer la aprobación automática de actuaciones que afectan a bienes culturales sin evaluación previa.
Para los defensores del patrimonio cultural de la Región de Murcia, esta reforma no es solo una mala noticia: es una amenaza real e inminente. Por eso han iniciado ya contactos con grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, el Comité Español de ICOMOS (órgano consultivo de la UNESCO) y la Unión Estatal de Asociaciones para la Defensa del Patrimonio. Su objetivo: que el Gobierno de España presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y paralice los efectos de la norma antes de que se produzcan daños irreparables.
“La Región de Murcia no puede convertirse en un laboratorio de desregulación donde el patrimonio histórico se subordina al interés urbanístico de turno”, concluye.
Las asociaciones anuncian que esta denuncia es solo el comienzo de una campaña pública, jurídica y política que, aseguran, no cesará hasta lograr que se reviertan los cambios y se restauren los mecanismos de protección que hasta ahora colocaban a la Región entre las más avanzadas en defensa del legado cultural.
Por todo ello, exigimos a la Consejería de Cultura que paralice de inmediato la aplicación de esta reforma, abra un proceso de diálogo con los colectivos y garantice la participación ciudadana y los criterios científicos en toda declaración de BIC.
Firmantes (iniciales): Huermur, Asociación Cartaginense, Ecologistas en Acción Región de Murcia, Origen, Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete, Lorca por su Patrimonio, Cartagena Ciudad de los Submarinos, Cartagena Futuro, Plataforma Virgen de la Caridad, Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta, AJVA, Amigos de la Historia de Librilla.
