El Gobierno regional defiende que retorne al Ministerio de Industria la competencia de la concesión de las ayudas a la movilidad eléctrica
El Gobierno regional defiende que retorne al Ministerio de Industria la competencia de la concesión de las ayudas a la movilidad eléctrica
El director general de Industria, Federico Miralles, destaca durante la celebración en Bilbao del VIII Congreso Nacional de Industria que la rectificación del Gobierno de Pedro Sánchez responde “al reconocimiento del fracaso del actual modelo”
El Plan Industrial de la Región de Murcia despierta el interés de los responsables autonómicos del sector, especialmente los de Madrid, Valencia, La Rioja Baleares y Andalucía para adaptar y usar sus iniciativas a sus propios territorios
05.02.2026 El Gobierno regional ha defendido el retorno al ámbito competencial del Ministerio de Industria de las ayudas a la movilidad eléctrica, y considera que la rectificación realizada por el Gobierno de España “se ajusta tanto al reconocimiento del fracaso del actual modelo como al sentir de las comunidades autónomas, que de forma unánime trasladamos en distintos foros a sus responsables”. Así lo afirmó el director general de Industria, Federico Miralles, en el VIII Congreso Nacional de Industria, que se celebra en Bilbao.
Miralles dio a conocer a sus homólogos el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, que presentó esta semana el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. El director señaló la buena acogida del documento y destacó que “varios colegas nos han solicitado más información para implementar planes similares en sus territorios”, como los de Madrid, Valencia, Andalucía, Islas Baleares y La Rioja, que podrían adaptar algunas de las iniciativas del Plan Industrial a sus territorios.
Durante el Congreso, Miralles y sus homólogos abordaron la finalización de los plazos de tramitación del Programa MOVES. “El consenso generalizado es que el modelo de gestión aplicado en España en los últimos años para canalizar estas ayudas ha sido erróneo, y que devolver la gestión de estas ayudas al Ministerio de Industria, con gestión centralizada y aplicación del incentivo en el momento de la compra con más inmediatez en la percepción de la ayuda por parte del comprador recupera un esquema más ágil, simplifica el acceso y acelera el efecto económico del incentivo”.
“Creemos que volver a un modelo como el del Plan Renove 2020 es en parte fruto de la experiencia, y demuestra que el diseño institucional del instrumento es determinante para su agilidad y que el método adoptado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica dista mucho del modelo que el mercado necesitaba, como denunciaron fabricantes, concesionarios y la totalidad de las comunidades autónomas”, añadió el director de Industria.
Según expuso Miralles, canalizar el apoyo a la movilidad eléctrica a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y territorializar su ejecución en las comunidades autónomas, abandonando el objetivo industrial de anteriores programas, “ha provocado el bajo nivel de ejecución actual y un sinfín de problemas y sinsabores para los solicitantes de las ayudas”.
Refuerzo garantista y vinculación a fondos europeos
El director general explicó que “el programa MOVES se regía por la Ley General de Subvenciones, con procedimiento completo de solicitud, verificación individualizada, justificación documental y fiscalización previa al pago. Además, parte de su financiación ha estado vinculada a fondos europeos con mecanismos reforzados de control y trazabilidad, lo que explica que los plazos administrativos fueran superiores a los de los programas gestionados directamente desde Industria bajo un esquema de incentivo inmediato”.
Para tramitar las ayudas MOVES, la Administración regional se ha centrado en garantizar su correcta concesión, asegurando que los expedientes estuvieran debidamente instruidos y resueltos, para proceder posteriormente a su pago. “La prioridad del Gobierno regional ha sido proteger tanto al beneficiario como al erario público, evitando incidencias que pudieran derivar en reintegros o responsabilidades posteriores”, señaló Federico Miralles.