JUCIL denuncia que las patrulleras de la Guardia Civil en Murcia están amarradas por averías mientras crecen el narcotráfico y las pateras

JUCIL denuncia que las patrulleras de la Guardia Civil en Murcia están amarradas por averías mientras crecen el narcotráfico y las pateras

La asociación alerta de que las embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial tienen restringida su operatividad y reclama una actuación urgente del Ministerio del Interior

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado la situación que atraviesa el Servicio Marítimo Provincial (SEMAR) de la Guardia Civil en la Región de Murcia, cuyas embarcaciones permanecen amarradas en el puerto de Cartagena debido a importantes averías técnicas, mecánicas y de seguridad que limitan gravemente su capacidad operativa.

Según la organización, las patrulleras se encuentran sometidas a restricciones catalogadas como “Nivel 1”, una clasificación interna que implica una operatividad limitada y que impide desarrollar con normalidad labores de vigilancia preventiva, patrullas nocturnas y control permanente del litoral murciano.

JUCIL advierte de que esta situación reduce la actividad de las embarcaciones prácticamente a intervenciones puntuales requeridas por el Centro Operativo de Servicios o a colaboraciones específicas con otros organismos, dejando seriamente comprometida la principal misión del Servicio Marítimo: la vigilancia, prevención y persecución de actividades delictivas en el mar.

Fallos que afectan a la seguridad de las tripulaciones

La asociación asegura haber analizado documentación técnica que refleja deficiencias consideradas graves para la navegación segura.

Entre los problemas detectados figuran averías en las luces de navegación y en los sistemas de alumbrado principal y de emergencia, circunstancias que dificultan o imposibilitan las operaciones nocturnas y en condiciones de baja visibilidad.

Asimismo, se han identificado fallos en los sistemas de achique, fundamentales para evacuar agua en caso de emergencia, además de incidencias en los equipos de comunicación utilizados para coordinar los servicios marítimos y garantizar la seguridad de las tripulaciones.

A ello se suman diversos problemas mecánicos que, según JUCIL, impiden garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y eficacia para prestar servicio con normalidad.

Preocupación por el aumento de la actividad delictiva en el litoral

La asociación considera especialmente preocupante que esta situación coincida con un incremento de la presión sobre las costas murcianas debido al narcotráfico y a la inmigración irregular.

Según denuncia JUCIL, la reducción de la vigilancia marítima favorece una mayor actividad de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, la llegada de pateras y narcopateras, así como al denominado “petaqueo”, consistente en el suministro de combustible a embarcaciones utilizadas por redes de narcotráfico en alta mar.

Desde la organización sostienen que la ausencia de presencia preventiva en determinadas zonas del litoral genera una sensación de impunidad que beneficia a quienes desarrollan actividades ilícitas.

Reclaman inversiones urgentes

JUCIL ha exigido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil una actuación inmediata para reparar las embarcaciones afectadas y devolver la plena operatividad al Servicio Marítimo Provincial.

Además, reclama la incorporación de nuevos medios navales, el refuerzo de las plantillas especializadas y la puesta en marcha de un plan específico de vigilancia marítima para la costa de la Región de Murcia.

La asociación considera que la situación actual evidencia la necesidad de modernizar los recursos materiales destinados a la vigilancia marítima y reforzar una unidad que considera estratégica tanto para la lucha contra el narcotráfico como para el control de fronteras y la seguridad del litoral mediterráneo.

Un servicio clave para la seguridad marítima

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil desempeña funciones esenciales en la vigilancia de las aguas territoriales, la lucha contra el tráfico de drogas, el control de la inmigración irregular, la protección del medio marino y el auxilio a embarcaciones en situaciones de emergencia.

Por ello, JUCIL insiste en que mantener embarcaciones con limitaciones operativas supone un riesgo para la eficacia del servicio y para la seguridad de los propios agentes encargados de desarrollar estas misiones.