El PP rechaza el doble registro para viviendas turísticas de Sánchez por contravenir la norma europea e invadir competencias autonómicas
El PP rechaza el doble registro para viviendas turísticas de Sánchez por contravenir la norma europea e invadir competencias autonómicas
● María Ángeles Román ve “inaceptable” que el Gobierno de España implante la doble inscripción, cuando ya existe registro en la Comunidad Autónoma a través del Itrem
● La diputada critica que el Ejecutivo central lo ha establecido “sin acuerdo con nadie, perjudicando a pequeños propietarios y operadores legales, y utilizando al sector como chivo expiatorio para ocultar el fracaso de su política estatal de vivienda”
7 de febrero de 2026.- La diputada regional del Partido Popular María Ángeles Román ha denunciado que la implantación por parte del Gobierno de España del denominado ‘Registro único’ de alquileres de corta duración es “un error político de origen”. Además, ha criticado, “no responde ni a una necesidad técnica ni se acoge a la norma europea, sino a una “decisión unilateral de Pedro Sánchez que ha generado duplicidades administrativas, inseguridad jurídica e invasión de competencias autonómicas”.
Román ha subrayado que el Reglamento (UE) 2024/1028 no obliga en ningún caso a crear un doble sistema de inscripción, sino que, apuesta por mejorar la cooperación institucional, la gobernanza basada en datos y la interoperabilidad entre administraciones.
“El Gobierno de España ha hecho justo lo contrario: ha optado por imponer un segundo registro estatal cuando las comunidades autónomas, como la Región de Murcia, ya cuentan con registros obligatorios y plenamente operativos”, ha señalado.
En el caso de la Región de Murcia, la diputada ha recordado que las viviendas de uso turístico están reguladas mediante el Decreto 256/2019, bajo el control del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem). Solo en 2025 se han tramitado 2.904 expedientes de nuevos alojamientos turísticos, de los que 2.590 corresponden a Viendas de Uso Turístico (VUT). Actualmente, hay 11.167 registradas, con 56.620 plazas, todas ellas sometidas a declaración responsable y control administrativo.
“Pese a ello, el Gobierno de Sánchez ha ignorado deliberadamente las advertencias de las comunidades autónomas”, ha afirmado Román. Varias regiones recurrieron el modelo ante el Tribunal Supremo por invasión competencial y riesgo cierto de doble registro, y territorios como Ibiza alertaron formalmente al Ministerio de Vivienda del daño que este sistema estaba causando a la oferta turística legal.
“Hoy vemos las consecuencias: la revocación masiva de números de registro ha afectado mayoritariamente a viviendas plenamente legales, convirtiendo artificialmente lo legal en presuntamente irregular”, ha denunciado.
Modelo incompatible con el Decreto de la Unión Europea
“Europa ha sido clara al señalar que una misma vivienda no puede estar sometida a más de un procedimiento de registro obligatorio, fijando además el 20 de mayo de 2026 como fecha límite para corregir un modelo incompatible con el Derecho de la Unión”, ha recordado. “Europa no cuestiona el control del alquiler turístico, cuestiona la duplicidad administrativa impuesta por España”, ha remarcado.
La diputada ha señalado que “el rechazo del sector no es técnico, sino político”. Asociaciones como Fevitur han advertido públicamente de que el Gobierno ha actuado “sin acuerdo con nadie, perjudicando a pequeños propietarios y operadores legales, y utilizando al turismo como chivo expiatorio”, ha añadido. “La duplicidad administrativa se está empleando como una herramienta de expulsión de oferta legal y de construcción de un relato político ajeno a la realidad del mercado”, ha recordado Román, citando las declaraciones de la presidenta de la federación.
Frente a esta imposición estatal, la diputada ha puesto en valor el modelo de la Región de Murcia, basado en la mesa de seguimiento de viviendas de uso turístico, creada en 2023 e integrada por el ITREM, organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, con el objetivo de detectar alojamientos no reglados en plataformas digitales y garantizar su regularización o retirada.
“La estrategia del Gobierno de Sánchez es clara: culpabilizar al turismo para ocultar el fracaso de su política estatal de vivienda. Se penaliza a pequeños ahorradores, se confunde deliberadamente lo legal con lo ilegal y se pone en riesgo a la principal industria del país, con el silencio cómplice del Ministerio de Industria y Turismo y con un riesgo evidente de futuras responsabilidades patrimoniales que acabarán pagando todos los ciudadanos”, ha concluido Román.