Seis comunidades, entre ellas Murcia, piden que Bruselas conozca sus alegaciones al nuevo Reglamento de Costas

El Gobierno regional acusa al Ministerio de excluir a las autonomías del proceso y reclama que la Comisión Europea tenga en cuenta sus propuestas antes de resolver el expediente abierto contra España

El Gobierno de la Región de Murcia, junto a las comunidades autónomas de Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Baleares y Cantabria, ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que traslade a la Comisión Europea las alegaciones presentadas por estos seis territorios durante la tramitación de la modificación del Reglamento General de Costas.

El objetivo de la petición es que dichas observaciones se incorporen al expediente del procedimiento de infracción que Bruselas mantiene abierto contra España por la normativa estatal sobre el litoral, al considerar las comunidades firmantes que sus planteamientos deben ser valorados antes de que se adopte una decisión definitiva.

Murcia reclama que Bruselas escuche a las comunidades con litoral

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, defendió que la Comisión Europea debe disponer de toda la información relacionada con este asunto, incluida la aportada por las comunidades autónomas que gestionan buena parte de las políticas vinculadas al litoral.

Según explicó, los gobiernos regionales son responsables de competencias relacionadas con la ordenación, protección y gestión de la costa, por lo que considera imprescindible que su posición forme parte del análisis que está realizando la Unión Europea.

Críticas a la reforma planteada por el Gobierno central

El Ejecutivo murciano muestra además su preocupación por el planteamiento elegido por el Ministerio, al considerar que la reforma se limita a modificar el Reglamento General de Costas sin abordar cambios en la legislación de rango superior que, según recuerda, también forman parte de las cuestiones planteadas por la Comisión Europea.

Para el Gobierno regional, esta actuación puede generar una mayor inseguridad jurídica en un ámbito especialmente sensible para los municipios y territorios costeros.

Un escrito conjunto de seis comunidades

Las seis autonomías firmantes, que agrupan a buena parte del litoral español, sostienen que las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública deben incorporarse íntegramente al expediente europeo correspondiente al procedimiento de infracción INFR (2022) 4121, que analiza la compatibilidad de diversos aspectos de la normativa española de costas con el Derecho de la Unión Europea.

En el escrito remitido a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los gobiernos autonómicos recuerdan que ejercen competencias directamente relacionadas con la gestión y conservación del litoral, por lo que consideran necesario que su posición sea tenida en cuenta durante la tramitación del procedimiento europeo.