VOX lleva a la Asamblea una iniciativa para frenar la ofensiva del Gobierno contra la libertad de expresión
VOX lleva a la Asamblea una iniciativa para frenar la ofensiva del Gobierno contra la libertad de expresión
“La libertad de expresión se encuentra hoy gravemente amenazada”, ha alertado Alberto Garre
El Grupo Parlamentario VOX ha registrado de manera simultánea una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, el Senado y los parlamentos autonómicos con el objetivo de frenar lo que considera una ofensiva sin precedentes contra la libertad de expresión impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y alineada con las directrices ideológicas de Bruselas.
El diputado regional de VOX, Alberto Garre, ha advertido de que “la libertad de expresión, pilar esencial de toda sociedad libre y democrática, se encuentra hoy gravemente amenazada por una arquitectura normativa y política que pretende someter el discurso público al control administrativo y al criterio ideológico del poder”.
Garre ha recordado que la Constitución Española reconoce este derecho como fundamental en su artículo 20, garantizando la libre manifestación de ideas y opiniones, la libertad de información, la libertad de cátedra y la libertad de creación, y prohibiendo expresamente cualquier forma de censura previa. “No hablamos solo de un derecho individual, sino de un presupuesto indispensable para la participación política, el control del poder y la existencia misma de una ciudadanía crítica y responsable”, ha subrayado.
El parlamentario ha denunciado que en los últimos años se ha producido “un cambio de paradigma profundamente preocupante”, tanto en España como en el seno de la Unión Europea, a través de reglamentos como el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales o el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. “Bajo la coartada de combatir la desinformación, se han introducido mecanismos de control del discurso público que desplazan el control judicial y lo sustituyen por decisiones administrativas”, ha explicado.
En este sentido, Garre ha alertado de que el Gobierno pretende ir aún más lejos, otorgando a autoridades dependientes del poder ejecutivo competencias para supervisar, inspeccionar y sancionar a plataformas digitales y medios de comunicación. “Que una autoridad administrativa decida qué es un medio de comunicación, qué contenidos son aceptables o qué se considera desinformación supone un riesgo gravísimo para el Estado de Derecho e instaura en la práctica mecanismos de censura incompatibles con cualquier democracia real”, ha afirmado.
Asimismo, el diputado ha denunciado el uso expansivo del denominado “delito de odio”, convertido —a su juicio— en un instrumento para perseguir opiniones políticas, ideológicas o culturales legítimas. “La libertad de expresión está dejando de ser la regla para convertirse en una excepción sometida a una definición ideológica y ambigua de lo que el poder considera aceptable, generando inseguridad jurídica y un clima de autocensura impropio de una democracia madura”, ha señalado.
Garre también ha criticado que este concepto haya sido utilizado fuera del ámbito penal por universidades, administraciones públicas y plataformas digitales para cancelar, excluir o silenciar a quienes discrepan del canon ideológico dominante, llegando incluso a impedir actos académicos o debates históricos.
“El poder corrupto teme todo aquello que no puede controlar. Estamos asistiendo a una ola represiva auspiciada desde Bruselas contra la libertad de expresión e información en redes sociales, promovida por un consenso ideológico que ve amenazada su hegemonía”, ha añadido.
El diputado también ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de “pretender extender el control de los medios tradicionales —mediante subvenciones y publicidad institucional— hacia la censura directa de las redes sociales”. Como ejemplo, ha señalado las declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, que se ha mostrado partidaria de “limitar y seguramente prohibir” el uso de la red social X, calificando el espacio digital de “antidemocrático”.
Frente a esta deriva, el GP VOX propone rechazar cualquier iniciativa que implique mecanismos de censura en redes sociales o limite la libertad de expresión; garantizar el pleno ejercicio del derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones sin persecución; e impulsar, en el ámbito nacional e internacional, medidas destinadas a erradicar la cultura de la cancelación cuando se utilice para silenciar posiciones ideológicas discrepantes.