Guardia Civil actúa en Águilas: pescador inhabilitado atrapado pescando en plena ilegalidad, ¿qué consecuencias enfrenta?
Investigación a pescador por sentencia judicial
La Guardia Civil de Murcia ha puesto en marcha la operación ‘Poseidón’, en colaboración con el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), dirigida a controlar el cumplimiento de las actividades pesqueras en la zona. Esta intervención ha resultado en la apertura de diligencias contra un vecino de Águilas, acusado de quebrantar una pena de inhabilitación para ejercer la profesión de pesca y el derecho a practicar esta actividad, al ser sorprendido realizando labores relacionadas con la pesca.
La investigación comenzó en junio, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) detectaron durante una inspección de rutina a un individuo embarcado en el puerto pesquero de Águilas, participando en operaciones que involucraban embarcaciones profesionales. Tras comprobar su identidad y antecedentes, se confirmó que pesaba sobre él una condena firme que le impedía dedicarse a esta actividad, por lo que las autoridades reforzaron la vigilancia para verificar sus acciones.
Durante el seguimiento, los agentes localizaron una red moruna —arte tradicional autorizado en Murcia— y observaron al investigado realizando actividades subacuáticas con equipo de buceo, orientadas al desmontaje y recogida de dicha red. A su vez, constataron que parte del enser ya había sido embarcada y encontraron varias capturas de especies marinas a bordo del barco donde se realizaron las comprobaciones.
También se verificó que el sospechoso no estaba registrado como tripulante del barco y que había sido trasladado desde el puerto de Águilas hasta el área donde se encontraba instalada la red, lo que indicaba una participación activa e irregular. Las pruebas documentales confirmaron la existencia de una inhabilitación especial vigente para el desempeño de esta profesión impuesta por sentencia definitiva.
Finalmente, con base en los indicios recogidos, la Guardia Civil procedió a investigar formalmente al individuo por el presunto delito de quebrantamiento de condena, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Detalle de la delincuencia y sanciones
El delito de quebrantamiento de condena está regulado en el artículo 468 del Código Penal. En estos casos, la normativa contempla, como medida habitual, la imposición de multas que pueden oscilar entre doce y veinticuatro meses para quienes incumplen prohibiciones dictadas en sentencias firmes, tales como la prohibición de aproximarse a determinados lugares o de realizar ciertas actividades.
En el ámbito específico de la pesca ilegal, las sanciones económicas pueden variar considerablemente en función de la gravedad y reincidencia, llegando desde un mínimo de 301 euros hasta superar los 300.000 euros.
Adicionalmente, el artículo 334 del Código Penal establece que quien contravenga las leyes o regulaciones generales relativas a la caza o la pesca puede ser sancionado con penas de prisión de seis meses a dos años o con multas de ocho a veinticuatro meses. Asimismo, contempla la imposición de una inhabilitación especial para el ejercicio de dichos derechos durante un periodo de dos a cuatro años.