La Guardia Civil detecta una decena de irregularidades en obras junto a un enclave de arte rupestre de Moratalla

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La Guardia Civil detecta una decena de irregularidades en obras junto a un enclave de arte rupestre de Moratalla

La Guardia Civil detecta una decena de irregularidades en obras junto a un enclave de arte rupestre de Moratalla

La investigación del SEPRONA señala posibles afecciones a conjuntos prehistóricos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y daños en un espacio natural protegido

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detectado una decena de presuntas infracciones durante una investigación desarrollada en el municipio de Moratalla, donde se inspeccionaron unas obras de restauración y la actividad de varias canteras situadas en las proximidades de importantes conjuntos de arte rupestre declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La actuación, enmarcada en la operación 'Rupestris' y desarrollada dentro del Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico Español, ha sido llevada a cabo por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que contaron con la colaboración de técnicos del Área de Patrimonio del Ayuntamiento de Moratalla.

La investigación se inició tras detectarse una posible afección sobre los conjuntos prehistóricos de Fuente de Sabuco y La Cañaica, situados en la pedanía de Calar de la Santa. Estos enclaves albergan pinturas rupestres de estilo levantino y esquemático, consideradas entre las más relevantes de la península ibérica y protegidas tanto por la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO como por su catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC).

Polvo, vibraciones y movimientos de tierra

Durante la inspección, los agentes localizaron acumulaciones de tierra en las inmediaciones de los abrigos donde se conservan las pinturas rupestres. Asimismo, comprobaron la existencia de una intensa actividad de transporte de piedras y tierra procedentes de dos canteras cercanas hacia una zona en proceso de restauración.

Según la investigación, el continuo tránsito de maquinaria pesada por un camino de tierra, que además había sido ampliado para facilitar el paso de vehículos de gran tonelaje, generaba importantes cantidades de polvo en suspensión y vibraciones que podrían afectar a la conservación de los abrigos con arte rupestre.

Daños en un espacio protegido

Los agentes también inspeccionaron la zona de restauración, donde observaron numerosas rocas desplazadas hasta el barranco de la Tapia como consecuencia de los trabajos realizados. Estos movimientos habrían provocado daños sobre diferentes ejemplares de sabina y otras especies vegetales, además de una posible invasión de la zona de policía del cauce.

La actuación se desarrolla dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierra de Villafuerte, un espacio protegido de gran valor ambiental.

Entre las especies afectadas figura la sabina albar (Juniperus thurifera), catalogada como vulnerable en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia. Según la Guardia Civil, algunos ejemplares presentaban daños por el impacto de grandes rocas y estaban cubiertos por el polvo generado durante la actividad extractiva.

Posibles incumplimientos administrativos

Dentro de la investigación, el SEPRONA inspeccionó las canteras existentes en la zona y requirió la documentación relativa a las autorizaciones, licencias de actividad y permisos necesarios tanto para la explotación como para los trabajos de restauración de una antigua cantera.

Tras comprobar la documentación junto con el Ayuntamiento de Moratalla, los investigadores concluyeron que las empresas inspeccionadas podrían carecer de la correspondiente licencia municipal de actividad.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha puesto en conocimiento de las administraciones competentes una decena de presuntas infracciones relacionadas con posibles incumplimientos del plan de restauración de la cantera, la afección al patrimonio arqueológico, la ocupación de la zona de policía del barranco, los daños causados a especies vegetales protegidas y la falta de las autorizaciones administrativas exigidas para el desarrollo de la actividad.

Las autoridades competentes serán ahora las encargadas de evaluar los hechos y determinar las posibles responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas.

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