La Guardia Civil investiga a seis vecinos de Mazarrón por construir en terreno catalogado de especial protección
La Guardia Civil investiga a seis vecinos de Mazarrón por construir en terreno catalogado de especial protección
▪ Se les atribuye la presunta autoría de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente
▪ Carecían de las preceptivas autorizaciones administrativas para la ejecución de las obras
▪ Se ha detectado la reforma de varias viviendas, la adecuación de terrenos para la instalación de un camping y acondicionamientos de terrenos y desmontes con la finalidad de reformar el terreno para construir o realizar explotaciones agrícolas
Murcia, 12 de agosto de 2025. La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en Mazarrón la operación ‘Hormigón’, una investigación que ha culminado con la investigación de seis personas, a las que se les ha instruido diligencias como presuntas autoras de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, por la realización de obras en suelos catalogados de especial protección.
La operación está enmarcada en las actuaciones que la Guardia Civil lleva a cabo para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible y equilibrado en la Región de Murcia, mediante la protección frente a posibles acciones ilegales contra la ordenación del territorio y el urbanismo, el patrimonio histórico-artístico y el paisaje.
Especialistas del SEPRONA de la Benemérita abrieron la operación a principios de año y realizaron una serie de inspecciones con el objetivo de detectar posibles construcciones ilegales en terrenos protegidos. Durante el desarrollo de los dispositivos, los guardias civiles centraron las inspecciones en identificar y localizar parcelas de terreno de uso protegido, en las que se estuvieran ejecutando las obras.
En el término municipal de Mazarrón, los efectivos de la Benemérita hallaron seis construcciones, acometidas en terrenos protegidos, cuya ejecución carecía de legalidad. En estas fincas los guardias civiles hallaron una vivienda unifamiliar en construcción, la reforma y ampliación de una vivienda, el acondicionamiento y vallado de terreno para la construcción de un camping, el acondicionamiento del terreno y desmonte con la finalidad de transformar el terreno para realizar la actividad agrícola.
En otra finca inspeccionada en Mazarrón se había realizado la extracción de áridos para la habilitación de un camino y la última actuación dentro de la operación se estaba realizando el proceso de remover la vegetación, capas superficiales del suelo entre las rocas para preparar el terreno para una construcción.
Todas estas obras se encontraban en suelos de especial protección, teniendo las protecciones entorno BIC (Bienes de Interés Cultural), protecciones paisajísticas por las directrices del litoral, protecciones arqueológicas y protección por riesgo a la minería, entre otras. Ninguna de estas obras podría ser objeto de legalización y, además, estos hechos están recogidos como infracciones muy graves a la ley 13/2015,de 30 marzo, de la Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
Los Guardias civiles comprobaron que estas actividades atentaban contra la naturaleza del suelo y vulneraban la normativa urbanística donde, según los informes técnicos, los terrenos afectados por las obras ejecutadas resultaban incompatibles con el planeamiento, conforme al vigente Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Mazarrón.
La operación ‘Hormigón’ ha concluido con la investigación de los seis promotores encargados de la ejecución de las obras de construcción no autorizadas, a los que les han sido instruido diligencias como presuntos autores de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.
Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente
El Código Penal, en sus artículos 319 y 320 sobre delito de ordenación del territorio y urbanismo, establece que se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.