Desde Moncloa, Ferraz y alrededores: EL DERECHO DE PERNADA PROGRESISTA

EL DERECHO DE PERNADA PROGRESISTA

Hay privilegios que desaparecieron con la Historia y otros que simplemente cambiaron de nombre. El viejo derecho de pernada del señor feudal, aquella licencia abusiva que simbolizaba el poder absoluto sobre los demás, parece haber encontrado en la política española una versión posmoderna, subvencionada y revestida de superioridad moral, el sanchismo. Ya no se ejerce sobre campesinos, sino sobre la verdad, la justicia, las instituciones y, sobre todo, sobre la inteligencia de los ciudadanos.

En la España de 2026 no todos los escándalos pesan igual, no todas las corrupciones huelen igual ni todos los imputados reciben el mismo trato. Hay delincuentes de derechas y pecadores de izquierdas. Los primeros son condenados antes de sentarse en el banquillo, los segundos son presentados como víctimas de una conspiración cósmica donde participan jueces, periodistas, fiscales, la oposición, la luna llena y, si hace falta, algún monje cartujo infiltrado en la Audiencia Nacional. La gran aportación del sanchismo a la teoría política contemporánea no ha sido la regeneración democrática ni el progreso social. Ha sido la creación del principio de corrupción cuántica, un dirigente socialista puede estar simultáneamente investigado, señalado, grabado, imputado o procesado y, aun así, existir en estado de inocencia política permanente. Una especie de milagro administrativo que dejaría pequeño al de los panes y los peces.

Resulta fascinante observar cómo quienes intentaron construir durante décadas una religión civil basada en la ejemplaridad pública han terminado convirtiendo la corrupción en una cuestión de contexto, no importa lo que ocurra, sino quién lo protagoniza. Así, si un alcalde del PP aparca mal el coche, se habla de degradación institucional. Si un dirigente socialista aparece rodeado de sospechas, contratos dudosos, amistades peligrosas y familiares bajo investigación, se habla de persecución política, caso de Sánchez.

Es el mundo al revés, administrado por los mismos que llevan años explicándonos que ellos representan la modernidad en un mundo de rancio abolengo. La hemeroteca, esa señora cruel que no cobra subvenciones, conserva imágenes inolvidables. Manifestaciones multitudinarias, concentraciones espontáneas, mareas de indignación, editoriales apocalípticos y tertulias convertidas en juicios sumarísimos durante los años del PP. Bastaba una sospecha para declarar el estado de excepción moral. Ahora imaginemos por un momento un ejercicio de ciencia ficción, imaginemos que un gobierno de Mariano Rajoy hubiera acumulado ministros dimitidos y casi condenados por malversación, familiares investigados y procesados o en capilla…, colaboradores procesados, asesores señalados, escándalos sucesivos y una colección de casos judiciales ocupando titulares semana tras semana, día tras día y casi hora tras hora.

Imaginemos que, además, hubiera dependido parlamentariamente de partidos separatistas, golpistas amnistiados por interés electoral, herederos políticos del entorno etarra terrorista y asesinos y organizaciones cuyo objetivo declarado es desmantelar el marco constitucional, destruir España y a los españoles. Las calles no estarían llenas, estarían colapsadas. Las plazas serían campamentos permanentes de ociosos laborales. Las televisiones emitirían especiales diarios cada hora contra ese gobierno, los sindicatos descubrirían repentinamente su capacidad de movilización a pesar de las mariscadas. Los pseudo artistas recuperarían su conciencia política hoy olvidada tras su subvención asegurada y los actores, actrices y demás figurantes y comediantes abandonarían las galas, que no los ágapes, para convertirse en resistentes antifascistas. Los rectores universitarios escribirían manifiestos en papel continuo, las miles de asociaciones subvencionadas convocarían marchas y claro, los intelectuales orgánicos sufrirían ataques de indignación tan intensos que probablemente necesitarían asistencia médica y cremas antihemorroidales.

Como el poder actual se presenta envuelto en la bandera del progreso, ocurre algo extraordinario, el escándalo se transforma en ruido de fondo. Nada parece suficientemente grave, nada merece una reacción proporcional, y nada genera una contestación semejante a la que conocimos en otras etapas. Es como si una parte de la sociedad hubiera desarrollado una inmunidad ideológica que le impide percibir aquello que tiene delante, la corrupción ya no se mide por los hechos sino por el carné y ahí reside el auténtico drama.

No estamos ante una defensa de unas siglas concretas. Estamos ante la demolición del principio básico de igualdad moral ante la ley y ante la opinión pública. Durante décadas se nos explicó que la izquierda representaba la superioridad ética frente a una derecha sospechosa por naturaleza, era su relato cómodo, aderezado en un cuento infantil con buenos y malos perfectamente identificados. El problema aparece cuando los buenos empiezan a comportarse exactamente igual que los malos que denunciaban. O peor, entonces surge una contradicción insoportable, y para resolverla se recurre a la estrategia más antigua del poder, negar la realidad. No hay corrupción, solo bulos. No hay investigaciones, hay persecución. No hay escándalos, hay fango. No hay responsabilidades, hay ataques a la democracia. Así, el diccionario gubernamental se convierte en una obra de literatura fantástica, en un universo paralelo donde los culpables son víctimas y las víctimas terminan convertidas en culpables.

Mientras tanto, el ciudadano asiste al espectáculo con una mezcla de cansancio, incredulidad y resignación, se multiplican los casos, se acumulan las explicaciones contradictorias, los discursos cambian cada día. Ve cómo quienes exigían dimisiones fulminantes ahora reclaman prudencia infinita, pero observamos algo todavía más preocupante, la absoluta ausencia de autocrítica. Nunca ocurre nada. Nunca se equivocan. Nunca son responsables. Nunca tienen culpa de nada, son perseguidos como aquellos antiguos cristianos..., siempre existe un enemigo exterior dispuesto a sabotear su noble misión histórica, una visión casi religiosa del poder ya que, hoy el gobierno sanchista social comunista ya no administra, nos redime y en lugar de gobernar nos ilumina y guía, con lo que despejando la ecuación, no responde ante los ciudadanos, son los ciudadanos los que deben agradecer su existencia.

Por eso la corrupción resulta especialmente peligrosa cuando aparece envuelta en superioridad moral. Porque deja de percibirse como una desviación y pasa a entenderse como un peaje necesario para alcanzar fines supuestamente elevados. Es la vieja tentación de justificar cualquier cosa porque la causa es noble y si es sanchista siempre es noble, una idea, una aptitud que ha producido algunos de los mayores desastres políticos de la Historia. Pero hay más, en medio de este paisaje orwelliano aparecen los socios parlamentarios. Son los mismos que hace apenas unos años eran presentados como amenazas para la convivencia, aquellos que cuestionan abiertamente el modelo constitucional, lo desprecian y repudian, son los que siguen utilizando la política como herramienta de confrontación territorial, pues hoy son socios preferentes, aliados imprescindibles, compañeros de viaje y “algunes” hasta de cama. La necesidad tiene estas cosas, convierte principios en mercancía negociable.

Conviene recordar que cuando un gobierno depende exclusivamente de quienes desean debilitar el Estado, la prioridad deja de ser gobernar para convertirse en sobrevivir, un día más, una semana más, un mes más, una votación más. Y un pucherazo más con ilegales y “tatatataranietos” adoptados en lupanares extranjeros. Todo queda subordinado a la permanencia, cuando la permanencia se convierte en objetivo supremo, la ética suele ser la primera víctima seguida de la verdad, las instituciones y la confianza ciudadana.

Así llegamos a esta España extraña donde algunos parecen disfrutar de una especie de derecho de pernada político, otros literal, un privilegio tácito, una patente de corso ideológica. La convicción de que determinados comportamientos son tolerables siempre que los protagonice quien sostiene la bandera correcta. Una impunidad social que no figura en ninguna ley pero que resulta perfectamente visible en el debate público. La realidad tiene una costumbre molesta, siempre termina pasando la factura, los ciudadanos pueden ser pacientes, incluso excesivamente pacientes, pero no son eternamente crédulos o imbéciles. Cuando la distancia entre el discurso y los hechos se vuelve obscena, cuando la propaganda ya no logra ocultar las indecentes evidencias y cuando la arrogancia sustituye definitivamente a la gestión en un derroche de chulería de sauna prostituida, la confianza comienza a evaporarse.

“Asinque”, lo verdaderamente alarmante no es que existan casos de corrupción, la corrupción ha acompañado a todos los sistemas políticos siempre, es tan antigua como el hombre y la mujer, claro. Lo alarmante es la normalización, la indulgencia, la doble vara de medir. La creación de castas morales donde unos responden por todo y otros no responde por nada.

La democracia no muere cuando aparece un corrupto, empieza a enfermar cuando una parte de la sociedad decide que ciertos corruptos merecen protección por razones ideológicas, ya no hablamos de justicia, sino de fe. No se habla de ciudadanía, sino de sectarismo y no hablamos d democracia sino de tribus diferenciadas o polarizadas. Demasiados han llegado a convencerse de que poseen una especie de privilegio feudal sobre la moral pública. Un derecho de pernada político que les permite exigir lo que nunca practican, condenar lo que luego justifican y presentarse eternamente como víctimas mientras ocupan el poder.

Se dice, se comenta, se rumorea que la frase del Juez Peinado en su auto sobre la posibilidad de que los policías asignados a la escolta de la Presidenta del Gobierno, Begoña Gómez, pudieran ayudarla no es casual y podría tener información de que pudiera ser así y no sería otra cosa que un aviso para navegantes en lenguaje marino. Es conocido y ha sido comentado ampliamente que la cúpula de la Policía Nacional era claramente "afecta" a ZP en su época de presidente con alguno de ellos de amistad personal que luego ha tenido importantes cargos. ¿De aquellas arenas, estos lodos? Así lo hemos entendido, sabemos que hay mandos, altos mandos que sirven al gobierno y no al Estado y a los ciudadanos, de hecho, hay pruebas judiciales, periodísticas y tangibles al respecto y, no sería la primera vez, sin poner en entredicho la profesionalidad de la policía, escoltas y demás, ni mucho menos, un aviso por si alguien lo pensara o pensase, no está demás. Curioso, cientos de investigados y de imputados, traiciones y conjuras sediciosas en marcha, ataques a la Justicia, Guardia Civil y Policía como verdadera organización criminal, y el problema es la mujer del Capo, perdón del Presidente, pero por accidente.

La Historia enseña algo elemental, cuando una élite termina creyendo que está por encima de las reglas que exige a los demás, el principio del fin ya ha comenzado. Porque los ciudadanos pueden perdonar errores, incluso graves. Lo que rara vez perdonan es que los tomen por idiotas mientras les explican, con gesto solemne, que el problema no es la corrupción. El problema, dicen, es que nos hemos enterado de todo. Veremos más.

Andrés Hernández Martínez.